El caso Leire Díez ha vuelto este miércoles a tocar una puerta delicada para el PSOE: la de su presidenta, Cristina Narbona. Declaró como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz y, al salir, dejó una frase pensada para cerrar una grieta: vino a contar “todo lo que sé” y aseguró que “en absoluto” teme ser imputada.
La clave, según RTVE, está en qué sabía Narbona, cuándo lo supo y qué hizo con lo que le trasladó Leire Díez. La presidenta socialista explicó que Díez le dijo que “conocía hechos que podían ser importantes”, pero insistió en que ella entendió “hechos” en sentido genérico y no algo relacionado con la supuesta trama que se investiga. Después, según su versión, derivó esa información al entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, que días más tarde le habría dicho que Díez “no había traído nada de interés”.
La línea defensiva: testigo, no investigada
Conviene escribir esto con precisión quirúrgica, porque aquí cada palabra pesa. Narbona ha declarado como testigo, no como investigada. Eso no la convierte en culpable de nada, ni permite saltar de una comparecencia judicial a una acusación política total. Pero tampoco borra el problema institucional: el caso investiga una presunta trama para desestabilizar operaciones policiales y judiciales que afectaran al PSOE o al Gobierno, y ya no estamos ante una anécdota de pasillo.
RTVE recoge que Narbona dijo no haber tenido conocimiento de la supuesta trama investigada. También informa de que, según ha podido saber la cadena pública, la dirigente señaló que había “indicios preocupantes sobre Leire”, aunque no aclaró cuáles cuando se le repreguntó. Ese hueco es justo donde crece la sospecha política: no prueba nada por sí solo, pero alimenta la sensación de que el partido intenta poner cortafuegos a medida que avanza el sumario.
La Fiscalía también entra en la fotografía
Antes de Narbona declararon como testigos Diego Villafañe, antiguo número dos del ex fiscal general Álvaro García Ortiz y recientemente ascendido a fiscal del Supremo, y la fiscal Beatriz López. Según RTVE, ambos explicaron reuniones mantenidas con el abogado Jacobo Teijelo, representante del exdirigente socialista Santos Cerdán, y con Leire Díez en la sede de la Fiscalía General, en marzo y abril de 2025.
La explicación conocida es que la reunión se celebró como se recibe a otros abogados. Puede ser. Pero el problema político no está solo en si una reunión fue formalmente posible. Está en que cada nuevo nombre que pasa por la Audiencia Nacional agranda la impresión de una trama de contactos, favores, mensajes y versiones cruzadas alrededor de un partido que lleva meses prometiendo regeneración mientras intenta sobrevivir a su propio ruido.
Ni sentencia paralela ni anestesia
La derecha hará lo de siempre: intentar convertir cada declaración en una condena anticipada del Gobierno entero. La izquierda hará también lo de siempre: denunciar una campaña de desgaste y pedir que se espere a los tribunales. Las dos cosas pueden ser parcialmente ciertas y, aun así, insuficientes. No se puede dictar sentencia desde una tertulia. Tampoco se puede pedir a los ciudadanos que miren hacia otro lado cada vez que un caso judicial roza una estructura de partido.
La ronda de interrogatorios sigue esta semana con la declaración como investigados de la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y del director adjunto operativo, Manuel Llamas, según RTVE. Ahí el caso sube todavía más de voltaje institucional. El PSOE necesita algo más que frases de tranquilidad: necesita transparencia, papeles y una explicación política que no suene a “no pasa nada” mientras todos ven que sí está pasando algo.