Hay deudas que el tiempo no borra, solo disimula. La que España mantiene con el pueblo saharaui es una de ellas, y esta semana el Congreso ha dado un paso para empezar a saldarla. La ponencia que tramita la proposición de ley impulsada por Sumar aprobó su dictamen para conceder la nacionalidad española a los saharauis nacidos en la que fue colonia española. No es el final del camino, pero sí un paso que obliga a cada grupo a retratarse.
El resultado retrata bien cómo está el patio: 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. A favor votaron el PSOE y el resto de la izquierda; Junts se abstuvo; PP y Vox votaron en contra. Traducido: la derecha volvió a ponerse de perfil ante una reparación que no genera más conflicto que el que ella misma quiera fabricar.
Qué reconoce exactamente la ley
El texto prevé conceder la nacionalidad por carta de naturaleza a las personas nacidas en la antigua colonia antes de septiembre de 1977, incluso a quienes no tienen residencia legal en España. El detalle no es menor: se reconoce el vínculo con España por lo que esas personas fueron —vecinos de una provincia española— y no por dónde hayan logrado rehacer su vida después.
Para acreditar esa condición valdrían documentos de lo más cotidiano: un DNI español ya caducado, el censo de la ONU para el referéndum, un certificado de nacimiento, el libro de familia, un permiso de conducir, un recibo de pensión o cualquier papel expedido por la Administración española. Toda una vida documentada por un Estado que luego miró hacia otro lado.
Los plazos tampoco son eternos. Los nacidos en el Sáhara cuando era provincia española tendrían tres años, ampliables a cuatro, para solicitarla, y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública debería responder en un máximo de doce meses. Los descendientes en primer grado dispondrían de cinco años desde la inscripción del progenitor. Los promotores calculan que los potenciales beneficiarios oscilan entre 100.000 y 200.000 personas; en la colonia vivían unos 70.000.
Una injusticia con nombre propio
La diputada de Sumar Tesh Sidi habló de «día histórico» y defendió que la norma repara una injusticia. Conviene aterrizarlo: hablamos de personas que nacieron cuando el Sáhara era una provincia española, con documentación expedida por el propio Estado, y que después quedaron en un limbo jurídico. Cuando se invocan los derechos civiles y la apatridia no se está haciendo literatura: se habla de gente concreta que llegó a tener un DNI español en el bolsillo.
Por eso escuece —y es legítimo decirlo como opinión política— el rechazo de PP y Vox. Según El País, Tesh Sidi criticó el cambio de posición del PP, y no es un matiz cualquiera: una cosa es discutir la letra pequeña de una ley y otra muy distinta es votar en contra de reconocer algo que ya existió. Se puede estar en contra por mil razones; ninguna de ellas le devuelve a esas familias los años perdidos.
Ojo, que esto todavía no está hecho
Conviene no vender la piel del oso. La ley no es orgánica y todavía no está definitivamente aprobada. Los promotores quieren llevarla a la Comisión de Justicia en julio y sacarla en el último pleno antes de agosto, pero el calendario parlamentario tiene la fea costumbre de enredarse justo cuando la meta parece cerca. Un dictamen no es el BOE, y entre uno y otro caben demasiadas maniobras.
Aun así, lo de esta semana cuenta. Reconocer derechos no es hacer un favor: es admitir que hubo un agravio y ponerle remedio. Que eso abra debate es sano; que despierte tanta resistencia dice bastante sobre quién entiende la historia como una cuenta pendiente y quién prefiere dejarla en el cajón.