Hay muertes que la política intenta convertir en eslogan y hay muertes que se le atragantan. La de María del Carmen Abascal —Maricarmen para medio país— es de las segundas. El Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid comunicó el miércoles 7 de octubre que la mujer de 87 años había fallecido tras permanecer hospitalizada desde el desahucio del 23 de septiembre en el barrio de Retiro. Catorce días después de salir en camilla de la casa donde había vivido más de setenta años.
No hace falta inventar un melodrama. Bastan las fechas y el recibo. Según el relato que ha circulado en medios internacionales y nacionales, el alquiler pasó de unos 500 euros a 2.650 cuando la vivienda quedó en manos de la inmobiliaria Urbagestión. El Supremo había dado la razón al propietario frente a intentos previos de frenar el lanzamiento. El 23-S, al cuarto intento, el desalojo se ejecutó entre vecinos, policía y un Samur que se llevó a Maricarmen al Gregorio Marañón.
El acuerdo que llegó cuando ya no servía
El sindicato ha sido explícito: «Aunque se alcanzó un acuerdo histórico que le habría permitido regresar a su hogar, esta solución llegó demasiado tarde». Esa frase es el núcleo político del caso. No se discute aquí un certificado médico —no lo tenemos ni lo inventamos—. Se discute el desfase entre el reloj del mercado y el reloj de la protección. Una octogenaria puede ganar el relato y perder la casa. Puede arrancar un pacto… y no vivir para usarlo.
Pedro Sánchez escribió en X su cariño a la familia y que «sentimos esta pérdida como propia». Mónica García habló de dignidad y de una mecha que no se apaga. En la calle, cerca del Congreso, hubo minuto de silencio y la consigna «Maricarmen vive, la lucha sigue». Desde otras trincheras se acusó a la izquierda de «utilizar» el sufrimiento. El ruido no borra el hecho: una mujer mayor salió de su piso en camilla y murió dos semanas después con el país entero discutiendo si el techo es derecho o mercancía.
Del 23-S al 29-N: la vivienda ya no es un apéndice
El desahucio de Maricarmen no «inventó» la crisis de vivienda. La puso cara. Empujó protestas, la acampada de Sol y el paquete de decretos que el Congreso tumbó primero y que el Gobierno ha vuelto a publicar. El Real Decreto-ley 29/2026 entra en vigor, con carácter general, este jueves 8 de octubre. Entre otras piezas, amplía hasta el 31 de diciembre de 2030 límites a determinadas compras por fondos y grandes tenedores cuando el precio queda por debajo del 70% del valor de mercado, y dota de cifras concretas líneas como TU CASA (crédito extraordinario de 10.000 millones) o el Fondo de Vivienda de Impacto Social (400 millones). El RDL 28/2026, el de las prórrogas largas de alquiler, se retrasa al 15 de noviembre. Ambos siguen pendientes de convalidación en la Diputación Permanente: no es un cheque en blanco eterno, es un tablero en marcha.
Mientras tanto, sindicatos y movimiento inquilino apuntan al 11 de noviembre: huelga general de 24 horas a las puertas de la campaña. El 29-N ya no se peleará solo con eslóganes de bloques. Se peleará con la pregunta que Maricarmen dejó escrita sin pretenderlo: ¿cuántas veces puede un país mirar un desahucio de 87 años antes de admitir que el mercado, solo, no cuida a nadie?
Qué no hay que hacer con su nombre
Hay tentación de convertir a Maricarmen en arma arrojadiza. La mesa de izquierda de Politic.es elige otra vía: no negar el conflicto ni endulzar el final. Un acuerdo tardío no es victoria. Un decreto que empieza a aplicarse el día después del funeral no lava la humillación del 23-S. Y una campaña electoral que se agarre a su foto sin tocar precios, oferta y desahucios será exactamente lo que ella no pidió.
El legado que el sindicato reivindica es prosaico y duro: «luchad, seguid luchando por lo que es vuestro». Traducción para el 29-N: o la vivienda deja de ser el agujero por el que se caen las personas mayores, o seguiremos contando catorce días entre la camilla y la esquelas. Maricarmen ya no puede volver a Sainz de Baranda. El resto del país sí puede decidir si su caso fue un accidente o un espejo.