Pedro Sánchez apretó el botón del 29 de noviembre y el reloj parlamentario se paró de golpe. No solo cae la legislatura. Cae también un paquete de leyes sociales que ya no llegarán a la fase final: se disuelven las Cortes y, con ellas, buena parte de la agenda de derechos que el Gobierno de coalición llevaba a medias.
No es un detalle técnico para letrados. Es la diferencia entre una norma que protege a una madre, a un menor o a quien pide asilo… y un PDF que vuelve a la cola en 2027, si es que vuelve.
Violencia vicaria: el texto que tocaba tierra y se queda en el aire
Desde Igualdad, la Ley de Violencia Vicaria había superado el 30 de septiembre su primer examen en el Congreso, tras tumbarse el veto de Vox. El proyecto tipificaba esta violencia como agravante de género, contemplaba la privación de la patria potestad a condenados en firme por delitos graves y prohibía a los condenados difundir contenidos sobre el crimen durante un plazo de hasta 20 años.
También tocaba hasta diez normas —entre ellas el Código Penal y el Civil— y reforzaba la obligación de escuchar a los menores antes de fijar custodia. Eso es lo que decae con la disolución: no un eslogan, un articulado ya en marcha.
En la misma órbita quedan frenadas la Ley Orgánica Integral contra la Trata (pendiente de segunda vuelta en el Consejo de Ministros) y la norma contra las prácticas de conversión LGTBI, que ya había pasado por el Congreso y estaba en el Senado.
Menores y pantallas: la edad de 16 se queda en ponencia
El proyecto de ley orgánica de protección de menores en entornos digitales estaba en fase de ponencia en el Congreso. Su pieza más visible: subir de 14 a 16 años la edad mínima para abrir cuenta en redes, obligar a fabricantes a meter control parental gratuito y endurecer la protección frente a riesgos digitales.
La Vanguardia sitúa esta iniciativa en paralelo al debate europeo: la Comisión ha planteado vetos y permisos parentales en torno a los 15 años. España iba a fijar su propio listón. El adelanto lo aparca. Quien quiera retomar el texto tendrá que empezar de nuevo con otra mayoría.
También se trunca la reforma de la LOPIVI (escucha del menor y alejamiento de progenitores con acusaciones de maltrato), aprobada en primera vuelta en mayo, y otras piezas de Infancia y Juventud —familias acogedoras, ley de juventud con debate sobre voto a los 16— que ni siquiera habían cerrado su recorrido ministerial.
Asilo, extranjería y el resto de la cola social
En migración, decaen la nueva Ley de Asilo y la reforma de Extranjería, anteproyectos ya aprobados en primera vuelta para adaptarse al Pacto Europeo de Migración y Asilo. Distinto es el real decreto-ley del artículo 35 sobre reparto de menores no acompañados: al estar convalidado y publicado en el BOE, sigue vigente aunque decaiga su tramitación como proyecto de ley.
La lista no termina ahí. laSexta y otros medios señalan también el freno a la ley de Familias, al blindaje constitucional del aborto vía artículo 43, a la Ley del Cine (cientos de enmiendas en ponencia), a la regulación de IA en el ámbito artístico y al Pacto de Estado frente a la emergencia climática. No todo estaba igual de maduro. Todo, o casi todo, se reinicia.
Lo que el marco de izquierda no puede maquillar
El Gobierno venderá el 29-N como ampliación de mayoría progresista. El balance legislativo es más seco: se va a las urnas con la vivienda como bandera y con un montón de normas de cuidados, infancia e igualdad que no cruzaron la meta. Parte del retraso viene de la aritmética imposible de la legislatura. Parte, de priorizar la supervivencia política sobre el BOE social.
Para la mesa de izquierda el mensaje es claro. No basta con convocar. Hay que decir en campaña qué se recupera el día uno y qué se deja morir otra vez. Porque disolver Cortes no es solo cambiar de cartel electoral: es aceptar que violencia vicaria, pantallas y asilo vuelvan a la casilla de salida mientras la derecha diseña su propio menú.