El miércoles no hay debate abstracto: hay primer examen en el Pleno. El proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de violencia vicaria llega al Congreso el 30 de septiembre y Vox ya ha dejado la tarjeta sobre la mesa: una enmienda de totalidad para devolver el texto al Gobierno. Europa Press lo adelanta con el reloj en marcha. Traducción para quien va en el metro: o la Cámara avanza en proteger a hijos e hijas usados como arma, o se enreda otra vez en la pelea de siempre sobre si la violencia de género “existe” o es un invento.

La norma no nace este domingo. El Consejo de Ministros la aprobó en julio en segunda ronda, impulsada por el Ministerio de Igualdad con Justicia y Juventud e Infancia. Ana Redondo la presentó como texto “riguroso” y alineado con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Antena 3 y Diario de Navarra recogen el núcleo duro: privación automática de la patria potestad cuando haya sentencia condenatoria firme por delitos graves de violencia de género o cometidos sobre menores; suspensión de guarda, custodia y visitas si hay procedimiento o indicios racionales de violencia vicaria; y la obligación de escuchar al menor antes de fijar el régimen.

Eso es política con consecuencias. No es un hilo de Twitter. Redondo lo resumió sin anestesia al aprobar el proyecto: «Un maltratador, una persona violenta, nunca puede ser un buen padre». El Salto añade el detalle técnico que importa a las familias: la violencia vicaria se define como agravante por razón de género en el Código Penal y se retocan hasta diez normas, incluida la ley integral de 2004, para no dejar a la víctima en un laberinto de papeles.

Vox no entra al articulado: pide la devolución completa. Su argumento, repetido por Europa Press, Libertad Digital y moncloa.com, es que el proyecto “parte de una premisa errónea” —que solo los hombres usan a hijos u otros seres queridos para dañar a la pareja— y cita un dato del Ministerio de Justicia según el cual el 52% de los filicidios entre 2007 y 2022 habrían sido cometidos por madres. Acusa a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género de estadísticas “parciales” y habla de “intención deliberada de engañar”. También dice que la norma atenta contra la presunción de inocencia al permitir privar de patria potestad sin sentencia firme en ciertos procedimientos. Eso último choca con el diseño del Gobierno, que ata el automatismo a la condena firme en los supuestos graves: conviene no mezclar el miedo retórico con el texto.

Desde la izquierda el pulso es otro. Si Vox gana el marco —“ideología de género contra los padres”— el Congreso vuelve a discutir si los menores instrumentalizados merecen un blindaje específico o si todo se diluye en violencia “doméstica” genérica. El Pacto de Estado ya contemplaba medidas de este tipo; el proyecto intenta convertirlas en ley orgánica con dientes. Que Vox no ofrezca texto alternativo y solo pida tirar el proyecto al cubo dice más de su estrategia que de un desacuerdo técnico sobre un artículo.

Queda lo práctico. Un debate de totalidad no aprueba la ley: solo decide si sigue vivo el trámite. Si la enmienda cae, el texto entra en ponencia y enmiendas parciales. Si prospera, vuelve a Moncloa y las familias que ya conviven con amenazas, regímenes de visitas tóxicos o el miedo a que un agresor condene a un niño a ser mensajero del castigo se quedan otra temporada con el mismo agujero. El miércoles no se cierra el problema. Se mide si la Cámara prefiere mirar a la cara a la violencia que usa a los hijos como rehén… o preferir el show de siempre.

Fuentes y contexto