En el Congreso ya no hace falta ni disimular. PSOE y Sumar han admitido a trámite, en una reforma educativa, una enmienda que cambia la Ley de Memoria Democrática para rescatar la lógica de la «ley de nietos». Los letrados de la Cámara lo dijeron sin rodeos: no hay el mínimo punto de conexión material. La Mesa de la Comisión de Educación, con tres votos a dos, tiró para adelante en diez minutos.
La pieza no va de nostalgia migratoria. Va de cómo se escribe el derecho cuando un tribunal incomoda. El Supremo había frenado en seco la inscripción en el censo de quienes obtuvieron la nacionalidad por la vía abierta tras la instrucción de Justicia. Sumar respondió con la enmienda 63 en la primera norma disponible: una modificación de leyes de Educación y de condiciones docentes. Es decir, nacionalidad y censo electoral metidos en el pupitre.
Lo que dicen los letrados
El informe del letrado Fernando Dorado, difundido por ABC, es de manual. La enmienda resulta «incongruente con el objeto y la finalidad del proyecto». Recuerda la doctrina del Constitucional: las enmiendas son subsidiarias del texto que enmiendan. No se puede colar cualquier cosa porque haya mayoría en una mesa.
PSOE y Sumar argumentaron, según fuentes parlamentarias, que tumbar el debate hurtaría el derecho de participación del artículo 23. Los servicios jurídicos ya desmontaban ese atajo: el problema no es debatir nacionalidad, es hacerlo en una ley que no trata de eso. Tramitar lo impropio no es democracia deliberativa; es ingeniería de mayoría.
Qué pretende la enmienda
El texto presume la condición de exiliado para todos los españoles que salieron entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955, sin anclarlo a motivos políticos, ideológicos o de creencia. Eleva a rango legal lo que la instrucción administrativa había ensanchado y el Supremo había puesto bajo lupa cautelar. The Objective y ABC coinciden en el fondo: se busca cobertura legal para esquivar el freno judicial y seguir la vía de nacionalizaciones masivas —más de 2,5 millones de solicitudes, según datos que maneja ABC— con impacto potencial en el censo.
El PP ya anuncia recurso ante la Mesa del Congreso y resume el marco conservador sin florituras: usar una ley que nada tiene que ver para buscar fuera de España los votos que no se consiguen dentro. Vox había forzado el informe de letrados. La próxima parada es la votación de enmiendas en la Comisión de Educación; una alianza de PP, Vox, Junts y UPN podría tumbar la treta. Si no, el pleno heredará un monstruo jurídico: educación en la portada, censo en la letra pequeña.
Se puede debatir la extensión de la nacionalidad con luz y taquígrafos. Lo que no se puede normalizar es convertir cada comisión en un atajo para deshacer al Supremo. Si la ley de nietos necesita reforma, se tramita como lo que es: una reforma de memoria y nacionalidad. Meterla en Educación es admitir que el procedimiento ya no importa. Y cuando el procedimiento deja de importar, el Estado de derecho se vuelve decorado.