El 1 de julio de 2026 la ley mordaza cumplió once años. Once. Y sigue en pie, tan viva como el día que el PP de Mariano Rajoy la aprobó con su mayoría absoluta en 2015.
Aquella jornada de 2015, el entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, prometió derogarla. Once años después, esa promesa sigue durmiendo en un cajón del Congreso. La reforma que debía enterrar la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana lleva más de un año atascada. Y esta vez el bloqueo no lleva la firma de la derecha, sino la de los propios socios del Gobierno.
Mientras tanto, la ley sigue haciendo lo que sabe hacer: multar. La imagen que ha reabierto la herida es la de una docente jubilada agredida por la policía cuando se manifestaba en València por la educación pública. Once años, y las porras siguen cayendo.
De la promesa de 2015 al cajón de 2026
Repasemos. La norma que sus críticos bautizaron como 'ley mordaza' se aprobó en 2015 con la mayoría absoluta del PP de Rajoy. Desde entonces es el símbolo del autoritarismo de aquella etapa: sanciones por desobedecer a la autoridad, por negarse a identificarse o por faltar al respeto a un agente, y las pelotas de goma como material antidisturbios.
El calendario de la reforma cuenta la historia de un frenazo. En octubre de 2024 la proposición de ley superó su primer examen: el Congreso la tomó en consideración con el apoyo del Gobierno y sus socios, pese a los votos en contra de PP, Vox y UPN. A finales de diciembre de 2024 se cerró el plazo de enmiendas. Y ahí se paró el reloj.
Desde entonces, nada. La ponencia —ese grupo reducido de diputados, con representación de todos los partidos, que tiene que pulir el texto antes de votarlo— ni siquiera se ha reunido en 2026. Un diputado que forma parte de ella lo resume sin rodeos: 'está congelada'.
Los vetos cruzados que lo atascan todo
¿Por qué? Aquí está el nudo. La izquierda prometió tumbar la ley mordaza, pero cuando ha llegado el momento de hacerlo, sus socios tiran cada uno para un lado. Se llama vetos cruzados: lo que uno pide, el otro lo bloquea. Y al revés.
El caso más llamativo es el del PNV. El partido nacionalista vasco, que en la legislatura anterior fue quien llevó la batuta de la reforma fallida, se ha puesto ahora más duro. Reivindica el 'principio de autoridad' de la policía y propone mantener como infracción grave la desobediencia, la resistencia y la negativa a identificarse. Justo lo que la reforma quería suavizar.
Que nadie se confunda: el PNV no defiende la ley mordaza. Pero su giro hacia la mano dura choca de frente con EH Bildu, que a finales de 2024 fue quien cerró con el Gobierno el acuerdo para la nueva reforma. Dos socios vascos peleándose por ver quién se apunta el tanto, y la ley de Rajoy intacta mientras discuten.
Enfrente está Podemos, que exige más. Pide un plazo concreto para prohibir las pelotas de goma y que las devoluciones en caliente de migrantes queden expresamente prohibidas en el texto. El PSOE lo rechaza, pero no por ganas de reprimir: alega que las devoluciones son materia de otra ley y que no tocan aquí. Tampoco Podemos defiende la mordaza: pelea por endurecer la reforma, no por conservarla.
De 30.000 a 600 euros: lo que de verdad está en juego
Para que se entienda qué se juega la gente de a pie, un dato. Con la ley actual, desobedecer a la autoridad puede ser una infracción grave con multas de hasta 30.000 euros. El texto que se negocia la rebaja a infracción leve, con un tope de 600 euros.
Traducido: la diferencia entre una multa que te arruina y una que duele pero se paga. Entre 30.000 y 600 euros hay un abismo, y ese abismo es exactamente lo que sigue pendiente mientras la ponencia no se reúne.
No es el único punto sensible. Ya en la legislatura pasada la reforma descarriló por tres asuntos entre el PSOE, por un lado, y ERC y EH Bildu, por otro: las devoluciones en caliente de migrantes, las pelotas de goma como material antidisturbios y el margen para sancionar las faltas de respeto a los agentes. A finales de 2024 pareció que se desatascaba: ERC y EH Bildu aceptaron un redactado menos ambicioso en devoluciones en caliente y el PSOE se comprometió a retirar 'gradualmente' las pelotas de goma. Menos de lo prometido, pero algo. Y ni así ha avanzado.
Sumar aprieta y el PSOE mira para otro lado
Quien ha decidido romper el silencio es Sumar. El diputado de Compromís dentro del grupo, Alberto Ibáñez, cargó contra el bloqueo tras la agresión policial a la docente jubilada que se manifestaba en València por la educación pública. Exigió al PSOE que cumpla su promesa y pidió al resto de socios 'evitar vetos cruzados' para llevar a los socialistas 'una ponencia cerrada que le evite poner más excusas'.
La frase tiene miga. Ibáñez viene a decir que el PSOE se escuda en las peleas entre socios para no mojarse. Y no le falta base: el partido de Sánchez lleva meses de perfil en este asunto y no ha respondido públicamente a la presión de Sumar. Eso sí, en las últimas semanas algunas fuentes de la negociación dicen percibir un cambio de actitud en el ala socialista para reactivar la tramitación. Percibir, ojo, no confirmar.
Sumar juega aquí a dos bandas. Por un lado, quiere cumplir con una promesa vieja de la izquierda. Por otro, busca recuperar iniciativa política y correr el foco de los casos de corrupción que asfixian la actualidad. Sea por convicción o por cálculo, el resultado es el mismo: alguien ha vuelto a poner la ley mordaza sobre la mesa.
¿Se derogará por fin? Nadie puede garantizarlo. Depende de que el PNV afloje con el principio de autoridad, de que Podemos rebaje sus exigencias o el PSOE las asuma, y de que los socialistas dejen de mirar para otro lado. Muchos 'síes' para una ley que ya ha cumplido once años. Mientras tanto, la norma de Rajoy sigue vigente. Y las multas, y las porras, siguen cayendo sobre quien sale a la calle.