El caso que rodea a Leire Díez y al entorno de José Luis Ábalos ha sumado este lunes una declaración incómoda para el PSOE. José Aníbal Álvarez, primer abogado del exministro en el caso mascarillas, ha asegurado como testigo ante la Audiencia Nacional que Díez le ofreció pagar la defensa de Ábalos a través de una sociedad. Según fuentes jurídicas citadas por Europa Press, el letrado dijo que se negó y pidió que le pagara directamente su cliente.
Conviene ir con cuidado: declarar como testigo no equivale a una sentencia, y la investigación debe separar hechos probados, indicios y ruido político. Pero también conviene no hacerse el despistado. La frase que sobrevuela el asunto es sencilla: si todo era normal, ¿por qué habría que hablar de pagar a través de una empresa interpuesta?
Lo declarado ante Pedraz
Europa Press informa de que Álvarez declaró ante el juez Santiago Pedraz, que investiga una presunta trama para desbaratar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE. La agencia atribuye a fuentes jurídicas que el abogado sostuvo que Leire Díez le ofreció abonarle la defensa mediante una sociedad y que él lo rechazó “rotundamente”. También habría negado haber recibido pagos del PSOE y haber trabajado bajo una coordinación de Díez en la defensa de Ábalos ante el Supremo.
La misma información recoge referencias a un informe de la UCO de la Guardia Civil sobre conversaciones en las que se planteaba si existía algún despacho de confianza para articular el pago. Según ese relato, Álvarez respondió que aquello “no fue lo hablado” y que “en estas cosas no existe confianza”. Son frases que, si se confirman en el procedimiento, describen algo más que una torpeza administrativa.
La derecha encuentra munición, pero no debe saltarse la presunción
Para la oposición, el caso es dinamita política: toca al antiguo ministro de Transportes, al nombre de Leire Díez y al relato de limpieza que el Gobierno intenta recomponer desde hace meses. La tentación será convertir cada declaración en condena y cada indicio en veredicto. Eso puede dar titulares rápidos, pero también debilita el punto más sólido: las instituciones tienen que aclarar quién pagaba, quién mediaba y con qué finalidad.
La lectura liberal-conservadora no necesita exagerar. Basta con exigir trazabilidad. Si un abogado presta servicios a un exministro investigado, lo razonable es que el pago salga de quien contrata la defensa, quede documentado y no se esconda detrás de atajos opacos. Si alguien propone una vía alternativa, la pregunta pública es legítima. Y si no hubo delito, también debe quedar claro sin convertir la sospecha en linchamiento.
El problema político: confianza en caída
El PSOE no puede refugiarse eternamente en que todo está “judicializado”. Precisamente porque lo está, la respuesta política debería ser más transparente, no menos. La ciudadanía no necesita un máster penal para entender que los pagos de defensas, las sociedades interpuestas y los contactos alrededor de causas sensibles son terreno resbaladizo.
La Audiencia Nacional dirá lo que tenga que decir. Mientras tanto, el daño político ya existe: cada nueva declaración alimenta la idea de que, alrededor del poder, hubo demasiada gente moviéndose en zonas grises. Y una democracia no se rompe solo por una sentencia; también se erosiona cuando los ciudadanos empiezan a pensar que las reglas son claras para ellos y elásticas para los de arriba.
La clave ahora no es gritar más fuerte que el adversario. Es seguir el dinero, documentar los encargos, identificar quién dio instrucciones y separar las responsabilidades penales de las políticas. Si todo fue legal, que se demuestre con papeles. Si no lo fue, que responda quien tenga que responder. Lo que ya no cuela es pedir confianza a ciegas mientras el sumario va dejando migas.