Hay una historia muy cómoda en la política española: que el gasto público no tiene techo, que cada euro gastado es automáticamente progreso y que cualquiera que mencione la palabra «deuda» o la palabra «disciplina» viene a desmantelar el Estado del bienestar. Es una historia reconfortante. También es falsa. La ortodoxia fiscal no es austeridad ciega ni recortar por deporte: es la condición aburrida, poco fotogénica, que sostiene todo lo demás.
Conviene decirlo claro, porque el debate lleva años secuestrado por las caricaturas. Defender la responsabilidad presupuestaria no significa que todo gasto social sobre. Significa preguntarse lo que cualquier familia se pregunta a final de mes: con lo que hay, ¿qué es prioritario y qué puede esperar?
La Constitución ya lo dejó escrito
No hace falta importar doctrina de ningún think tank extranjero. La propia Constitución Española reconoce en su artículo 135 el principio de estabilidad presupuestaria. Y la misma Constitución reconoce, en otros preceptos, un catálogo de derechos sociales. No es una contradicción: es un equilibrio deliberado. Quien redactó esas líneas entendía algo elemental que hoy se olvida con facilidad: los derechos no se sostienen con buenas intenciones, sino con recursos. Y los recursos, si no se gestionan con cabeza, se acaban.
Por eso la responsabilidad fiscal y la sostenibilidad institucional no son enemigas: son la misma cosa vista desde dos ángulos. Un Estado que se endeuda sin límite no es más generoso; es un Estado que se está gastando la generosidad de mañana.
La deuda no es una opinión
Que nadie se llame a engaño sobre si esto es ideología o realidad. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) mantiene un observatorio específico dedicado a la deuda pública española. Pensemos en lo que eso significa: una institución independiente considera que el endeudamiento del país merece vigilancia permanente y sistemática.
¿Por qué? Porque la deuda no es una abstracción contable: es una factura. Y las facturas las paga alguien. Cuando un Gobierno —del color que sea— decide que es más fácil endeudarse hoy que ordenar las cuentas, no está siendo valiente: está trasladando el coste a quien todavía no vota, o ni siquiera ha nacido.
Quién gana y quién pierde
Aquí está el corazón del asunto, sin tecnicismos. ¿Quién gana con la disciplina presupuestaria? A largo plazo, y aunque suene paradójico, quien más depende de lo público. Un sistema sanitario, educativo o de pensiones solo sobrevive si es financiable. Los servicios construidos sobre déficit permanente son castillos de naipes: impresionan hasta que llega la primera ráfaga.
¿Quién pierde con el déficit eterno? El contribuyente del futuro. El joven que hereda una mochila de intereses. El país que, cuando llegue la próxima crisis —siempre llega—, no tendrá margen para responder porque ya lo gastó todo en los años buenos.
¿Qué cambia con este enfoque? Las prioridades: obliga a elegir, a justificar cada partida, a distinguir la inversión que multiplica de la que solo abulta. ¿Qué no cambia? La existencia de los derechos sociales. Nadie serio propone eliminarlos. La discusión no es bienestar sí o no: es bienestar sostenible o bienestar de mentira.
Previsibilidad: el activo que no sale en los titulares
Hay un tercer ingrediente que se menciona poco porque no da para pancarta: la previsibilidad regulatoria. La inversión que crea empleo de verdad necesita reglas estables. Un marco que cambia cada seis meses según el humor del Consejo de Ministros no atrae capital: lo espanta.
Cuidado: esto no es un cheque en blanco a la desregulación. Quitar normas no crea empleo por arte de magia, y prometerlo sería caer en la misma demagogia que criticamos. Se trata de algo más modesto y más serio: que quien arriesga su dinero o su proyecto sepa a qué atenerse mañana. La certidumbre es, en sí misma, un incentivo.
El diagnóstico ya está sobre la mesa
Lo bueno es que no navegamos a ciegas. El Banco de España publica cada año un informe de análisis económico con un diagnóstico sobre la economía española: deuda, productividad, inversión, fortalezas y flancos débiles. El material está ahí, es público y es riguroso.
El problema, casi siempre, no es la falta de datos, sino la falta de ganas de leerlos cuando incomodan. La ortodoxia fiscal no es un dogma de derechas ni un capricho de economistas con corbata: es la diferencia entre prometer y poder cumplir. Disciplina hoy es la única garantía creíble de servicios mañana. Lo demás es marketing electoral con cargo a quienes aún no pueden protestar.