La Fiscalía Anticorrupción no se baja del burro. Mantiene su petición de 15 años de cárcel para Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con el PP, en el marco del caso Kitchen. La cifra no es menor y el mensaje, tampoco: para la acusación pública, lo que pasó en aquel Interior merece una respuesta contundente.
Conviene ir con pies de plomo. No hay sentencia firme contra Fernández Díaz. Lo que hay, según ha publicado elDiario.es, es una petición de pena que se mantiene. Petición no es condena. Pero que Anticorrupción no rebaje ni un año dice mucho sobre cómo ve la Fiscalía aquella etapa.
Qué es, exactamente, la Kitchen
La Kitchen es la causa que investiga una presunta operación parapolicial ligada al espionaje a Luis Bárcenas durante gobiernos del PP. Presunta. Enjuiciada. Esas son las palabras correctas mientras no haya resolución firme, y este medio las va a respetar aunque la tentación de ir más allá sea grande.
El relato que se juzga es incómodo para cualquiera que crea en un Estado neutral: la sospecha de que medios y recursos públicos se habrían puesto al servicio de un interés de partido. Si eso se confirmara —y el condicional es obligatorio—, estaríamos ante un caso de manual de lo que en el debate político se ha bautizado como las cloacas del Estado.
Dos inspectores fuera del banquillo
El otro movimiento relevante llega por otra vía. La juez de la Kitchen ha absuelto a dos inspectores después de que PSOE y Podemos retiraran la acusación contra ellos, según The Objective. Es decir: caen señalamientos a pie de calle mientras la petición de pena se mantiene en lo alto, sobre el exministro.
El contraste es elocuente. La maquinaria judicial afina, descarta y concentra. Y al final del recorrido sigue apareciendo el nombre de quien mandaba en el Ministerio. No es un detalle: es justo el corazón del asunto que importa políticamente.
Por qué esto importa (y mucho)
Aquí no toca hacer leña anticipada. Toca exigir lo de siempre: que se depuren responsabilidades hasta el final y que se haga con todas las garantías. Presunción de inocencia para Fernández Díaz, sí. Y rendición de cuentas, también. Las dos cosas caben.
Porque si algo distingue a una democracia que se respeta es que no mira para otro lado cuando se sospecha que el aparato del Estado pudo usarse como arma partidista. No se trata de venganza. Se trata de que el Interior sirva a la ciudadanía y no a las urgencias de un partido en apuros.
Y hay una lección de fondo que conviene no perder de vista. Las instituciones no se defienden tapando lo que incomoda, sino dejando que la justicia llegue hasta arriba, gobierne quien gobierne. Quien de verdad respeta el Estado no es quien lo blinda frente al escrutinio, sino quien acepta que rinda cuentas. Lo contrario —el silencio cómplice, el cierre en falso— es justo el caldo de cultivo en el que crecen los abusos que ahora se juzgan.
La derecha dirá que es ruido judicial y persecución. Es su guion. Pero los hechos procesales son tozudos: la Fiscalía mantiene 15 años. No los ha rebajado. No ha tirado la toalla. Y eso, en un país acostumbrado a que las grandes causas se diluyan, ya es noticia.
Queda camino. Faltan resoluciones. No conviene adelantar el final de una película que aún se está proyectando. Pero el plano fijo de hoy es nítido: un exministro del Interior del PP con una petición de 15 años encima de la mesa y una causa que sigue su curso. El resto, lo dirán los tribunales. Nosotros tomamos nota.