El Consejo de Ministros aprobó el pasado 7 de julio dos reales decretos para crear 700 nuevas plazas en la carrera judicial y fiscal: 500 para jueces y magistrados y 200 para fiscales. El Gobierno lo vende como la mayor ampliación de la planta judicial y fiscal de la historia democrática, y no le falta munición para el titular: según el Ejecutivo, las 500 plazas judiciales elevan la planta un 8,5% y las 200 fiscales engordan la plantilla del Ministerio Fiscal un 7,13%.

Empecemos por lo justo: hacen falta medios. Quien conoce de cerca el atasco de los juzgados sabe que la Justicia española lleva años pidiendo refuerzos, y más manos togadas son, en principio, una buena noticia. Dicho esto, conviene no confundir un anuncio con una solución. Una plaza publicada en el BOE no es todavía un juez sentado resolviendo expedientes, y esa distinción —que no es menor— es la que separa gestionar de hacerse la foto.

Dónde van las plazas

El grueso del refuerzo judicial se concentra en la primera línea de fuego: 368 de las 500 plazas se destinan a los tribunales de instancia. Otras 96 van a órganos colegiados —76 a Audiencias Provinciales, 9 a Tribunales Superiores de Justicia, 7 al Tribunal Supremo y 4 a la Audiencia Nacional—, 34 a adscripción territorial y 2 al Tribunal Central de Instancia.

Por territorios, los más beneficiados son Andalucía, con 95 plazas; Catalunya, con 91; Madrid, con 69, y la Comunitat Valenciana, con 58. Murcia y Canarias destacan en términos porcentuales, con una ampliación del 11%. Los órdenes más reforzados son el civil y el social: precisamente donde el ciudadano de a pie se juega desahucios, despidos, herencias o reclamaciones que llevan demasiado tiempo durmiendo en un cajón.

El argumento del ahorro

El Gobierno enmarca la medida en la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia y en el nuevo modelo de tribunales de instancia. Y aquí saca su carta económica: según el ministerio, cada plaza con el nuevo modelo ronda los 100.000 euros, frente a los cerca de 500.000 que costaría un juzgado tradicional. En conjunto, la operación se cifra en unos 55 millones de euros, cuando con el modelo anterior —siempre según las cuentas del propio Ejecutivo— habría superado los 260 millones.

Si esos números se sostienen, bienvenido sea el ahorro: gastar menos para dar más servicio es exactamente lo que hay que exigirle a la Administración. Pero subrayemos el matiz, porque importa: son las cifras que ofrece el ministerio, no las de una auditoría independiente. Habrá que ver si el modelo cumple lo que promete cuando pase del papel a la sala de vistas.

200 fiscales para nuevos frentes

En el lado de la Fiscalía, las 200 plazas se orientan a reforzar áreas que han ganado peso en la última década: delitos de odio y discriminación, trata y extranjería, violencia sobre la mujer, criminalidad informática, cooperación penal internacional e inspección fiscal. Además, se crea una plaza de Fiscal de Sala responsable de Protección de Datos, un guiño al terreno digital donde cada vez se libran más batallas.

El catálogo es razonable y difícilmente discutible. Otra cosa es que 200 fiscales repartidos entre tantas especialidades den para cubrir todos esos frentes a la vez. Reforzar en todo puede acabar significando reforzar poco en cada cosa, y ese es un riesgo que conviene no perder de vista.

La letra pequeña: el calendario

Y llegamos al detalle que el titular tiende a esconder. Según informa RTVE, el acceso a las plazas será gradual —tal y como pidió el propio Consejo General del Poder Judicial—: una parte entraría el 31 de diciembre de 2026, otra el 1 de junio y un tercer bloque el 1 de noviembre de 2027. Es decir, el efecto real se desplegará a lo largo de más de un año.

Que el despliegue sea escalonado no es un capricho ni, por sí mismo, un defecto: meter de golpe a cientos de jueces sin sede física, sin oficina judicial ni personal de apoyo sería una receta para el caos. Pero de ahí se deduce lo evidente: a día de hoy estas plazas no están cubiertas ni trabajando, y el atasco no se descongestiona con un decreto, sino cuando los jueces y fiscales se sientan de verdad a resolver. Prometer lo contrario sería vender humo.

Ese es el punto que esta casa quiere subrayar sin rodeos. Un juez necesita, además de su plaza, letrados, tramitadores, medios materiales y una organización que funcione. Sin ese andamiaje —el personal de apoyo del que casi nunca se habla en las ruedas de prensa—, el refuerzo se queda a medias. Anunciar 700 plazas está bien; ejecutarlas a tiempo, dotarlas de estructura y garantizar que aterricen donde más aprieta es lo que de verdad cuenta.

Queda, por último, una vigilancia que no conviene relajar: la independencia. Ampliar la planta es una herramienta legítima y necesaria, pero cualquier gran refuerzo del aparato judicial y fiscal debe hacerse con reglas transparentes de acceso y destino, para que nadie pueda sospechar que se mueve el tablero. No es una acusación: es la exigencia mínima de higiene democrática. La foto del Consejo de Ministros dura un día; una Justicia que funcione, si de verdad llega, se notará dentro de años. Ojalá el calendario no se la lleve por delante.

Fuentes y contexto