La Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado que el procedimiento contra Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias y malversación seguirá la vía del jurado popular. La noticia tiene dos capas. La primera es jurídica: el tribunal avala que esos delitos encajan en el ámbito del jurado. La segunda es política: el caso de la esposa del presidente del Gobierno entra en una fase mucho más visible, mucho más emocional y mucho menos cómoda para Moncloa.
Según la información publicada por Antena 3, la Audiencia mantiene el juicio con jurado para esos dos presuntos delitos, pero descarta otros como corrupción en los negocios y apropiación indebida. También levanta las medidas cautelares que había impuesto el juez Juan Carlos Peinado —prohibición de salir del país, entrega del pasaporte y comparecencias periódicas— al no apreciar riesgo de fuga, sin perjuicio de que Gómez y su asesora estén localizadas.
Un jurado no es una tertulia
El ruido político alrededor del caso puede hacer olvidar algo básico: un jurado popular no decide si alguien cae bien o mal, ni si el Gobierno merece un castigo en las urnas. Escucha pruebas, declaraciones e informes de las partes y decide qué hechos considera probados. Después, el magistrado-presidente aplica la ley y dicta sentencia.
El mecanismo es conocido, pero pocas veces se explica sin caricaturas. Los candidatos salen de un sorteo del censo electoral. Para formar parte del jurado hay que ser mayor de edad, tener nacionalidad española, saber leer y escribir y estar en pleno ejercicio de los derechos civiles y políticos. En el proceso de selección, acusaciones y defensas pueden preguntar y recusar a aspirantes. Al final quedan nueve titulares y dos suplentes.
Que el caso tenga una dimensión política evidente no convierte al jurado en un instrumento político. De hecho, ahí está parte del desafío: preservar la apariencia y la realidad de imparcialidad en un procedimiento que va a ser leído por media España como munición partidista antes incluso de que se sienten las partes.
La Moncloa no puede fingir que es un expediente cualquiera
La resolución, siempre según las informaciones disponibles, considera que existen indicios racionales de criminalidad para mantener la investigación por presunto tráfico de influencias y malversación. Entre los elementos citados por Antena 3 figura la posición institucional derivada de ser esposa del presidente del Gobierno, la creación de una cátedra extraordinaria en la Universidad Complutense y el uso de financiación pública o privada vinculada a ese marco.
De nuevo: indicios no son condena. Pero tampoco son humo. La defensa tendrá su oportunidad, la Fiscalía y las acusaciones harán su trabajo, y el tribunal deberá garantizar que el caso no se convierta en una mascletá política disfrazada de justicia.
Para el Gobierno, el problema es que la conversación pública ya no gira solo sobre si Pedro Sánchez resiste. Gira sobre cómo convive un Ejecutivo con una causa que afecta a su entorno más cercano y que, por decisión judicial, podría acabar ante ciudadanos llamados a valorar hechos probados. Eso exige prudencia, sí. Pero también exige no insultar la inteligencia de quienes piden explicaciones.
La derecha tiene un filón; la justicia, una responsabilidad
La oposición va a exprimir el caso hasta la última gota. Sería ingenuo pensar lo contrario. Pero una democracia adulta debería poder hacer dos cosas a la vez: exigir claridad al poder y rechazar el linchamiento preventivo. El derecho a la presunción de inocencia no caduca por vivir en La Moncloa. La obligación de rendir cuentas tampoco desaparece por invocarla.
El jurado popular pondrá ciudadanos corrientes ante un asunto extraordinariamente cargado. Esa es precisamente la razón para bajar el volumen y subir el rigor. Si hay pruebas, deberán sostenerse en sala. Si no las hay, deberán caer. Lo que no debería ocurrir es que el país llegue al juicio con la sentencia escrita en pancartas, tuits y argumentarios.
La política española lleva años confundiendo investigación con condena cuando le conviene y con conspiración cuando le incomoda. Este caso será otra prueba de estrés. No solo para Begoña Gómez o para el Gobierno. También para una conversación pública que presume de querer justicia, pero demasiadas veces solo busca victoria.