Convocó elecciones un lunes y al día siguiente usó La Moncloa para pedir «una mayoría más rotunda». La Junta Electoral Central no se lo ha comprado. Este jueves ha abierto expediente sancionador a Pedro Sánchez por la rueda de prensa del 6 de octubre tras el Consejo de Ministros, ya convocadas las generales del 29-N. No es una multa firme todavía. Es el cartel de «aquí no se hace campaña con el sello del Estado».
La JEC estimó parcialmente las denuncias del PP y de Se Acabó la Fiesta. Según el acuerdo, Sánchez no se limitó a explicar los decretos de vivienda: metió logros del Gobierno, críticas a la oposición y la petición explícita de una mayoría «más rotunda, más contundente» para responder a la crisis habitacional. Eso, en sede institucional y con las urnas ya en el calendario, choca con el deber de neutralidad de la LOREG.
Día 5 archivado, día 6 expedientado
El órgano electoral distingue con pinzas. Archiva la queja por la declaración institucional del 5 de octubre en la que anunció el adelanto: entiende que esa comparecencia aún no caía en el periodo electoral a efectos de sanción. Sí abre por la del día siguiente, la del Consejo de Ministros y los decretos de vivienda. En la práctica: puedes convocar; no puedes convertir el atril de Moncloa en mitin de precampaña veinticuatro horas después.
La sanción, si se confirma tras alegaciones, oscilaría entre 300 y 3.000 euros. Sánchez tiene diez días hábiles desde la notificación para responder. Relatos periodísticos hablan además de la posibilidad de pago voluntario reducido si reconoce responsabilidad. Y la JEC ordena retirar de los canales oficiales —incluida la web de Moncloa— las manifestaciones cuestionadas si siguen colgadas. Multa chica, símbolo gordo.
La reincidencia que el PP brandía
El acuerdo recuerda que el presidente «debía conocer suficientemente» las exigencias de neutralidad: cita sanciones previas en acuerdos de 2020, 2023, 2024 y 2026 por manifestaciones en actos institucionales, incluidas comparecencias post-Consejo. Génova lo celebra como «primera victoria» del 29-N y habla de reincidente con varias multas acumuladas en ocho años de Gobierno. Sean cuales sean las cifras exactas del contador popular, el mensaje institucional es otro: Moncloa no es un plató del PSOE cuando ya hay censo y calendario electoral.
En la misma reunión maratoniana —más de veinte puntos— la Junta también dejó claro que el embrollo del voto de unos 163.020 nacionalizados por la llamada ley de nietos dentro del CERA lo ha enredado el Tribunal Supremo con sus autos, y que no hay tiempo ni medios para expurgar caso a caso: advierte a esos electores de que su voto podría no contabilizarse según lo que resuelva el alto tribunal. Sobre el voto por correo, tras un informe de Correos, rechazó añadir más alarma de «pucherazo». O sea: expedientó al presidente por el atril… y se negó a montar un espectáculo paralelo con las papeletas.
Vivienda, 10.000 millones y el reloj del 29-N
El fondo del mitin institucional eran los decretos de vivienda del 6 de octubre —con un relato de 10.000 millones en préstamos para la entrada de la primera vivienda— que el Gobierno rearmó tras el varapalo parlamentario. Esos textos siguen pendientes de convalidación en Diputación Permanente; de momento, el viernes 16 la Cámara permanente se centra en Irán y la DANA, no en ese pack habitacional. Da igual: la JEC no ha juzgado si la política de vivienda es buena o mala. Ha juzgado si se puede vender desde el atril del Estado pidiendo «mayoría rotunda» con las elecciones ya convocadas.
Para el marco conservador, el expediente es la foto perfecta de precampaña: un presidente que confunde Gobierno y partido, reincidente, y un árbitro electoral que por fin pita falta. Para el Gobierno será «ruido» de 300 a 3.000 euros. El matiz importa: abrir expediente no es condenar en firme. Pero el vídeo oficial ya tiene orden de limpieza. Y eso, a mes y medio del 29-N, duele más que la multa.