La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha dicho en voz alta lo que el decreto llevaba semanas insinuando entre bastidores: el texto que vuelve al Congreso le sabe a poco. En una entrevista con elDiario.es, grabada en un piso de tres habitaciones de la avenida Concha Espina —a un paso del Bernabéu y destinado al portal público Casa 47 antes de fin de año— resume el límite con una frase seca: le hubiera gustado ir «mucho más lejos» que el decreto que está ahora mismo encallado.
El papel no es un capricho de despacho. En julio, el decreto que regula, entre otras cosas, el alquiler de habitaciones fue rechazado por Podemos y Junts. El Gobierno prometió volver a votarlo en septiembre. Llegamos a mitad de mes y Rodríguez se niega a clavar fecha. «En aras a que el acuerdo sea posible, tengo que ser prudente», responde cuando le piden octubre o noviembre. La prudencia, aquí, suena a cuenta atrás con freno de mano.
La ministra dibuja dos bandos en la negociación. Dice sentir «mayor generosidad» en algunos grupos que han renunciado a planteamientos propios. Y señala, sin anestesia, a los que no: «Podemos y Junts no, están poniendo palos en las ruedas». No es un matiz técnico. Es el diagnóstico político de quien necesita síes en el hemiciclo y se encuentra con vetos cruzados: unos temen pelotazo urbanístico vía ley del suelo; otros miran el encaje territorial y el precio político de firmar con el PSOE.
El meollo práctico es más casero de lo que parece. El decreto intenta dotar de derechos al alquiler por habitaciones, un mercado que ha convertido salones en pasillos de literas y ha empujado precios de 800 a más de 2.000 euros en realquileres. Rodríguez sostiene que la infravivienda «no está legalizada» y que habitabilidad e inspección caen en comunidades y ayuntamientos. Pero admite el techo del propio texto: si se cumplen las normas de habitabilidad, muchos de esos precios siguen siendo legales porque faltan leyes que los corten de raíz.
Ahí aparece la confesión más incómoda para su propio ministerio. ¿Se podría evitar por ley que en suelo residencial se cuelen vivienda turística, de temporada o realquiler que infla el alquiler? «Sí, habría que modificar la ley de suelo con una ley estatal». ¿Y eso está en el decreto? No. «Sin ninguna duda, me hubiera gustado ir mucho más lejos». Llega a recordar que ha defendido prohibir pisos turísticos, en la línea del Ayuntamiento de Barcelona, pero prioriza lo que cree negociable ahora: bajar y congelar alquileres, prórrogas, menos desahucios y protección de estudiantes.
La entrevista también aterriza en un caso concreto: el desahucio previsto para el 23 de septiembre de Maricarmen, una mujer mayor. Rodríguez dice que intentarán evitarlo «hasta el último momento», que Casa 47 ha mediado con los propietarios «y no hay manera» y que en Madrid rige, a su juicio, «la ley de la selva». Culpa a la Comunidad de Madrid y a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de no ejercer competencias de realojo. «No puedo poner una pistola a Ayuso para que cumpla con su competencia», zanja. Es una acusación política dura; el dato verificable es la mediación fallida y el calendario del desahucio, no una sentencia judicial sobre el ático o la culpabilidad personal de nadie.
Sobre Casa 47, la crítica habitual —poca oferta y casi nada en Madrid o Barcelona en la primera tanda— la contesta con horizonte largo: 10.000 viviendas en el desarrollo de Campamento y «100.000 viviendas en los próximos 10 años» en toda España. Reivindica dos cambios de dirección: viviendas de la Sareb que ya no se venden al mejor postor y vivienda protegida financiada por el Estado que «no se descalifica» y queda protegida «para siempre». A la vez concede que «queda muchísimo por hacer» y que se iría más rápido «si todos colaboramos».
La lectura de izquierdas es clara y no necesita inventarse un villano de tebeo. Hay un ministerio joven que asume la crisis habitacional como problema de Estado, un decreto que regula pedazos del problema y una arquitectura de competencias y mayorías que deja el grueso del cambio fuera del texto. Cuando la ministra confiesa que querría más —prohibir turísticos, rehacer la ley del suelo, cortar el realquiler que vacía comedores— está admitiendo que el techo del acuerdo parlamentario está por debajo del techo de la emergencia.
Quien busque milagro en una sola votación se equivoca de instrumento. Pero quien celebre el atasco como virtud también. Cada semana que el decreto sigue en el limbo, el mercado de habitaciones y temporadas no espera a la generosidad de los grupos. Espera al próximo contrato. Y ese, de momento, se firma sin el freno que el Gobierno dice querer poner.