Interior ofrece borrar el nombre de las medallas policiales: el mérito se vuelve opcional

En la Policía Nacional las medallas no son solo un broche para la solapa. Son prestigio, jerarquía y, en algunos grados, dinero. Por eso duele tanto la última ocurrencia de Protocolo: un correo interno, remitido el 16 de septiembre, ofrece a los futuros condecorados de la Orden al Mérito Policial de 2026 la posibilidad de no aparecer con nombre y apellidos en la publicación oficial de la Orden General.

Según El Español, es la primera vez que se plantea así. Hasta ahora, al tratarse de distinciones públicas, los nombres salían. El mensaje es claro y casi burocrático: “solo responder en caso de no querer salir en la publicación”. Si no hay respuesta, se entiende que hay consentimiento para difundir los datos. La oferta vale para agentes y también para personal ajeno al Cuerpo propuesto para la Orden.

Ahí empieza el problema político. Las medallas al Mérito Policial pueden llevar recompensa económica. Y el reparto de 2026 ya venía caliente: sindicatos como la CEP denuncian un nuevo récord de distinciones a gente de fuera de la institución —jueces, fiscales, diplomáticos, docentes, empresarios, altos cargos— en un marco legal de 1964 que, recuerdan, reserva esas concesiones externas como excepción. Bajo el mandato de Fernando Grande-Marlaska, cifran en torno a 5.300 las medallas acumuladas a ajenos al Cuerpo.

La Unión Federal de Policía (UFP) no se anda con eufemismos: habla de decisión “amoral” y de la sospecha de que se quiera tapar el premio a amigos o afines. “Si hay mérito, que se explique y se justifique. Las medallas de la Policía no pueden convertirse en un botín opaco”, resume el clima que describen las fuentes policiales. Transparencia no es un capricho de tuiteros: es la única vacuna cuando el reconocimiento público se mezcla con sueldo y con agenda política.

En paralelo, el Sindicato Profesional de Policía (SPP), mayoritario entre mandos, habla de “humillación institucional” por el Cuadro de Honores: según su recuento, la Escala Superior apenas representa el 0,8% de las medallas blancas y un cero en cruces de plata y rojas. Su tesis es dura: a más responsabilidad operativa a la vista de todos, menos reconocimiento administrativo. Da igual si uno comparte el tono; el choque de cifras dibuja un Cuerpo que se pelea por el prestigio mientras Interior gestiona el reparto como si fuera un Excel de despacho.

El caso de la monja Lucía Caram, con medalla de distintivo blanco por una colaboración humanitaria con hijos de policías ucranianos, ha vuelto a encender la mecha mediática por su pasado de militancia independentista. Ella sostiene que lleva años apartada de la política y centra su relato en la acción con Ucrania. Sea cual sea el juicio moral de cada lector, el episodio ilustra el nervio de fondo: cuando se premia a perfiles ajenos o controvertidos, la publicación del nombre es la garantía mínima de control social. Ocultarlo no apaga la sospecha: la multiplica.

Un Estado liberal no confunde privacidad legítima con opacidad de favor. Hay agentes infiltrados, víctimas o situaciones de riesgo donde proteger una identidad puede tener sentido operativo. Convertir esa lógica en menú a la carta para condecorados —incluidos ajenos al Cuerpo— es otra cosa. Huele a blindaje reputacional. Y cuando el reconocimiento público se vuelve optativo, el mérito deja de ser público: se vuelve privatizado.

Interior puede explicar la medida como delicadeza o protección de datos. Hasta que lo haga con cifras, criterios y lista completa, la lectura más razonable es la de los sindicatos críticos: si el premio es limpio, se firma con nombre. Si necesita sombra, quizá no debería colgarse en el pecho de la Policía.