Incendios: ayudas ahora, prevención siempre y menos teatro mientras el monte arde

Los incendios han vuelto a poner a la política española ante una verdad bastante simple: cuando el monte arde, la discusión no puede limitarse a quién coloca mejor el titular. Hay casas, explotaciones, empleos y pueblos enteros que necesitan ayuda. Y hay, además, una pregunta de fondo que se repite cada verano con una puntualidad deprimente: qué se hizo antes de que llegaran las llamas.

La Moncloa informó esta semana de la activación de ayudas frente a los incendios y de una protección laboral extraordinaria para personas afectadas. Interior también comunicó la declaración de 211 zonas afectadas por emergencias de protección civil en catorce comunidades autónomas. Traducido a pie de calle: el Estado reconoce que el golpe no es local ni menor, y que habrá que responder con dinero, cobertura laboral y medidas administrativas para quienes han perdido vivienda, trabajo, actividad o tranquilidad.

La lectura desde la izquierda empieza ahí: cuando llega una emergencia de esta escala, el “sálvese quien pueda” no vale. La ayuda pública no es un regalo ni una foto ministerial; es la diferencia entre que una familia pueda aguantar o quede hundida por un desastre que no eligió. Y si catorce comunidades aparecen en el mapa de zonas afectadas, conviene abandonar la fantasía de que esto se arregla con heroísmo rural, cuatro frases sobre limpieza del monte y la esperanza de que el verano que viene sea más amable.

Greenpeace elevó la presión ante el Congreso y pidió una respuesta política “a la altura” de los incendios, con una frase durísima recogida por Europa Press: “Vuestra inacción nos mata”. Esa es una posición de parte, sí, pero señala un punto que la política institucional suele esquivar: el debate climático no es una charla para expertos, sino una pelea sobre prevención, territorio, presupuestos y vidas concretas. Si el cambio climático aumenta el riesgo y la intensidad de episodios extremos, negar esa pieza del problema empobrece la respuesta.

Vox, por su parte, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre su política de prevención de incendios y sus consecuencias para el campo, también según Europa Press. La exigencia de explicaciones es legítima. El campo tiene derecho a preguntar por cortafuegos, gestión forestal, burocracia, ganadería extensiva, recursos y competencias. El problema aparece cuando la discusión se convierte en un atajo para borrar el clima del mapa o para convertir cada incendio en una moción de censura con humo de fondo. Ni todo se explica por el calentamiento global, ni todo se explica por un decreto, una ideología o un ministerio.

La izquierda tampoco debería refugiarse en la comodidad de señalar a la derecha y pasar página. Declarar zonas afectadas y aprobar ayudas es imprescindible, pero llega después. La política buena se mide antes: planificación, coordinación entre administraciones, prevención real, servicios de emergencia suficientes, gestión del suelo, apoyo a quienes viven del territorio y reglas claras para reconstruir sin abandonar a los de siempre. Si la respuesta pública solo aparece cuando ya se ha quemado el monte, el Estado llega tarde aunque llegue con boletín oficial.

La clave, entonces, no es elegir entre ayudas o prevención. Son las dos. Ayudas para que nadie quede tirado ahora; prevención para que la próxima ola de fuego no vuelva a encontrarnos discutiendo lo mismo con los mismos reproches. Lo demás es ruido. Y el ruido, por muy partidista que sea, no apaga ni una hectárea.