Ya no es un rumor de asamblea ni un calendario a medias. La huelga general será el miércoles 11 de noviembre. Lo han cerrado CCOO y UGT con el Sindicato de Inquilinas y el resto de organizaciones que empujan la protesta por la vivienda. Veinticuatro horas de paro. Primera gran convocatoria nacional con el peso de las centrales mayoritarias desde 2012. Y justo dos días antes de que se encienda la campaña del 29-N.
La fecha no es un detalle técnico. Es un mensaje político en plena precampaña: el conflicto del techo no se queda en Sol ni en un minuto de silencio. Quiere parar el país. Quiere que el debate electoral hable de alquileres, desahucios, salarios y de si se puede vivir con la nómina que queda al final de mes.
De la acampada al paro general
La secuencia es conocida. El desahucio de Maricarmen Abascal encendió la calle. El Congreso tumbó decretos de vivienda. Sánchez adelantó las elecciones. Y el movimiento de inquilinas, que llevaba semanas pidiendo huelga, encontró por fin el sí de las dos grandes centrales. En la comparecencia posterior, Alicia del Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, enmarcó la convocatoria en una denuncia dura: la especulación y el rentismo, dijo, «matan a gente cada día». El tono no es de nota de prensa aséptica. Es de duelo convertido en agenda.
Con CCOO y UGT no van solos. Hay respaldo de CGT, CO.BAS y Solidaridad Obrera, y también de centrales autonómicas con músculo propio: CIG en Galicia, ELA y LAB en Euskadi, que anuncian registrar sus propias convocatorias. Sin sindicatos de clase con capacidad legal de convocar, el paro no existiría. Con ellos, el 11-N deja de ser un grito de plaza y pasa a ser una prueba de fuerza laboral.
No solo vivienda: nómina, jornada y precariedad
El cartel habla de vivienda digna, sí. Pero las centrales ensanchan el marco. Piden subir salarios, reducir jornada, mejorar la salud laboral y combatir la precariedad. En su relato, el problema del alquiler no se entiende sin un mercado de trabajo que deja a mucha gente sin margen. La inflación, los márgenes empresariales y el coste de la energía aparecen como el mismo paquete: quien trabaja no llega; quien especula, sí.
Esa mezcla es deliberada. Sirve para defender la legalidad de la convocatoria frente a quien dice que «no es laboral». Y sirve, también, para hablarle a quien no está en un desahucio pero ve cómo la vivienda se come la mitad del sueldo. En un país donde el 29-N ya se presenta como plebiscito del techo, la huelga intenta convertirse en el ensayo general de la campaña.
La patronal y la derecha: «es política»
La reacción ha sido inmediata. CEOE y Cepyme cargan contra una movilización que, a su juicio, tiene componente político y electoral y traslada a empresas y trabajadores el coste de una presión dirigida al Gobierno. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, lo ha dicho sin rodeos. En el PP, Borja Sémper habla de huelga política y afea a los sindicatos ocho años de «utilización partidista». Ester Muñoz, por su parte, ha acusado al Ejecutivo de buscar rédito en la crispación de la calle. Vox aprieta el mismo botón con un lenguaje todavía más duro.
Desde Moncloa, Pedro Sánchez ha optado por el respeto formal al derecho de huelga: afecta a muchos trabajadores y a sus familias, ha dicho, y el Gobierno solo puede respetarlo. Es la respuesta mínima de un presidente que va a elecciones con la vivienda como bandera y que no puede permitirse declarar la guerra abierta a las centrales que le han sostenido el relato social de la legislatura.
El calendario aprieta
El 11 de noviembre cae un miércoles. Al día siguiente arranca la campaña. Dos semanas y media después, las urnas. No hay precedente reciente de una huelga general de este calibre dentro de un proceso electoral ya en marcha. Eso multiplica el ruido y también el riesgo: si el seguimiento es flojo, la derecha lo usará como prueba de manipulación; si es fuerte, la izquierda lo venderá como mandato de calle.
Lo que ya no se discute es la fecha. El otoño sindical, que hace pocos días todavía era un «este otoño» sin día concreto, tiene ya un número en el calendario. El 11-N no va a resolver solo la crisis de vivienda. Pero va a medir, en un solo día, cuánto pesa el techo en la política española justo cuando el país se prepara para votar.