Hay derechos que se escriben en una ley y se quedan en el cajón del rectorado. Y hay derechos que, de repente, se convierten en una norma que se puede enseñar en el pasillo. Eso es lo que pasa con la huelga académica universitaria: la LOSU de 2023 ya la apuntaba; el nuevo Estatuto del Estudiantado Universitario la baja a tierra.
Según el relato de El Mundo y el acto de Moncloa del 19 de octubre, el Consejo de Ministros da luz verde a un real decreto que desarrolla de forma expresa ese paro por motivos estudiantiles —no laborales—. La idea es simple y potente: puedes faltar a clase y quedar exento de examen cuando el órgano de representación del estudiantado convoca el paro, sin que te caiga una sanción académica encima.
No es un invento de última hora para el 29-N, aunque la precampaña lo envuelva todo. Es una reivindicación vieja de las asociaciones de estudiantes que, hasta ahora, solo estaba bien regulada en algunos campus —el ejemplo que circula es la Universidad del País Vasco—. Ahora se pretende que todas las universidades habiliten mecanismos para que los consejos de estudiantes puedan paralizar la actividad lectiva.
El matiz importa: el paro puede ser total o parcial, y cada universidad tendrá que regular el procedimiento con participación del estudiantado. También se dice que no se puede pisotear el derecho a clase y a evaluación de quien no quiera sumarse. Es decir: derecho a protestar sin convertir el campus en un campo de minas para el que se queda estudiando.
En Moncloa, Pedro Sánchez firmó la declaración del Estatuto con representantes de la CRUE, la CREUP y el CEUNE. El propio presidente enmarcó la norma como actualización del Estatuto de 2010: más participación, apoyo psicológico, conciliación estudio-trabajo, desconexión digital, tutela y prácticas, y lucha contra la discriminación. La universidad, dijo, sigue siendo el gran “ascensor social”… si no te echan del edificio por el precio del piso o por callarte cuando protestas.
Hay crítica, y conviene no esconderla. Fuentes universitarias contrarias al texto advierten de que la regulación es laxa: sin límites temporales claros, sin causa mínima de justificación y sin mecanismos de compensación para quien vea alterada la docencia. Temen que el paro se use con fines políticos ajenos al aula. Es un debate legítimo. Otra cosa es negar que, sin blindaje, la huelga académica se convierte en un derecho de papel que el profesor de turno puede castigar con un suspenso disfrazado de “falta de asistencia”.
El contexto también pesa. Europa arde con protestas de jóvenes por el coste de la vida; en Madrid hay huelga educativa e incluso cortes de vía. Sánchez firma derechos de campus mientras el calendario electoral corre. Se puede leer como gestualismo. O como lo que debería ser obvio: si la universidad forma ciudadanía, la ciudadanía también se ejerce dentro de la universidad.
Lo que cambia de verdad no es el titular de Moncloa. Es la conversación en el consejo de estudiantes el día que haya que decidir un paro: ya no piden permiso por favor; piden el procedimiento. Y eso, para una generación a la que se le pide endeudarse, alquilar carísimo y sonreír en las prácticas, no es un detalle menor.