Hacienda mueve ficha. Este martes 30 de junio, varios medios económicos han adelantado que el Ministerio convocará el próximo lunes a las comunidades autónomas para fijar la senda de estabilidad, el paso previo —y obligado— antes de aprobar el techo de gasto y poner en marcha la maquinaria de los Presupuestos Generales del Estado.

La noticia llega casi en bloque. The Objective titula que «Hacienda convoca este lunes a las autonomías antes de aprobar el techo de gasto». MurciaEconomía resume que «el Gobierno cita a las CCAA para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos». Y Bolsamanía, con teletipo de Europa Press, confirma que «Hacienda convocará a las CCAA el próximo lunes para fijar la senda de estabilidad de los Presupuestos». Tres titulares, un mismo movimiento: el Ejecutivo abre otra ronda de negociación fiscal con los territorios.

Qué es la senda de estabilidad y por qué le afecta

Conviene traducirlo al castellano de andar por casa. La senda de estabilidad es, en esencia, el reparto del margen para gastar: cuánto déficit puede asumir el conjunto de las administraciones y cómo se distribuye ese colchón entre el Estado y las comunidades autónomas. El techo de gasto, que llega después, fija el límite de lo que el Gobierno central podrá gastar el año que viene.

Dicho de otro modo: antes de prometer una sola partida nueva, el Ejecutivo tiene que pactar las reglas del juego. Primero se acuerda cuánto cabe en la cartera; luego se decide en qué se gasta. Por eso la cita del lunes no es un trámite menor ni una foto institucional: es el pistoletazo de salida de unos Presupuestos que el Gobierno lleva meses prometiendo y que todavía no existen sobre el papel.

¿Y esto en qué se nota? En que de ese reparto depende, a la postre, cuánto margen tendrán las autonomías para sostener sanidad, educación o dependencia sin disparar el déficit, y cuánto se reservará el Estado. No es contabilidad abstracta: es la diferencia entre unas cuentas creíbles y una huida hacia delante.

Cuerpo eleva el listón

El optimismo oficial corre por delante de los hechos. En una entrevista con RTVE, el ministro Carlos Cuerpo ha asegurado que «no solo vamos a presentar los presupuestos, hay posibilidades de aprobarlos», confiando abiertamente en su poder negociador.

La frase tiene miga. Presentar unas cuentas es relativamente sencillo; aprobarlas, con la aritmética parlamentaria actual, es harina de otro costal. Conviene subrayarlo para no confundir el deseo con la realidad: que existan «posibilidades» no significa que haya acuerdo, ni con las autonomías ni con los socios de investidura. Por ahora, lo único cerrado es la convocatoria.

El riesgo de la subasta presupuestaria

Y aquí es donde conviene encender la luz de alarma. Cada vez que se reabre la negociación de la senda de estabilidad, reaparece la tentación de convertir la política fiscal en un mercadillo. El reparto del margen entre comunidades no es una mera cuestión contable: determina la seguridad jurídica de los territorios, su capacidad de planificar y, en última instancia, la estabilidad institucional del conjunto.

La pregunta incómoda, desde una óptica liberal-conservadora, es sencilla: ¿se fijará la senda con criterios técnicos y homogéneos para todos, o volverá a depender de quién apoya a Moncloa y a qué precio? El temor no es infundado. Cuando el Gobierno necesita votos, el margen presupuestario corre el riesgo de dejar de medirse en reglas de gasto para empezar a medirse en favores parlamentarios. Eso no sería estabilidad, sino la enésima subasta entre el Ejecutivo, las comunidades y los socios.

El control del gasto público debería ser el norte de cualquier negociación de este tipo. La disciplina fiscal no es un capricho de tecnócratas: es lo que garantiza que las cuentas cuadren sin nuevos sablazos al contribuyente. Por eso lo que se decida el lunes importa más de lo que aparenta.

Lo que toca vigilar

De momento, hay convocatoria y hay expectativas. No hay senda aprobada, no hay techo de gasto cerrado y, desde luego, no hay Presupuestos. Las comunidades autónomas todavía no han dicho que sí a nada. El lunes arranca una partida cuyo resultado dirá mucho sobre cómo entiende este Gobierno la palabra «estabilidad»: si como una regla común que ata a todos por igual o como una moneda de cambio. Habrá que vigilar la letra pequeña.