Doce años. Doce. El Consejo de Europa, a través del GRECO (Grupo de Estados contra la Corrupción), lleva desde 2014 diciendo lo mismo a España: hay que poner luces y taquígrafos a la influencia de los lobbies sobre quienes escriben las leyes. Esta semana, con las Cortes disueltas y el 29-N en el horizonte, el país cierra otra legislatura sin haber cumplido ese mandato. No es un detalle técnico. Es el mapa de quién se reúne con quién mientras el resto mira el desfile.
Lo resume con claridad Europa Press: el GRECO no pide solo un registro decorativo. Pide transparencia real de agendas parlamentarias, de encuentros con grupos de interés y de la traza de influencia sobre la redacción normativa. La Comisión Europea, en su informe de 2024, también afeó la falta de avances y recomendó un registro público obligatorio. España se adhirió al GRECO en 1999. El reloj lleva doce años en modo “ya lo haremos”.
Avances de papel, agendas a oscuras
Hubo gestos. En 2019, el Congreso aprobó un Código de Conducta que obligaba a publicar agendas e incluir reuniones con grupos de interés. En 2020, el Código de Conducta de las Cortes extendió la lógica al Senado. Incluso se editó una guía para que diputados y senadores subieran sus agendas a la web. Suena bien. Luego llega la Oficina de Conflictos de Intereses y el relato se tuerce.
Según el relato recogido por la agencia, en el informe correspondiente a 2025 esa obligación seguía sin cumplirse de forma efectiva. Al inicio de este año, casi todos publicaban la actividad estrictamente parlamentaria, pero en torno al 78% de los diputados y el 79% de los senadores seguían sin informar de otro tipo de reuniones, y quienes lo hacían lo contaban a ratos, casi nunca con el detalle de asociaciones, organizaciones o lobbies. Transparencia a medias es opacidad con buena conciencia.
La ley que se quedó en el cajón
En mayo de 2025, el PSOE registró una reforma del Reglamento del Congreso para crear un registro de grupos de interés. Hubo enmiendas en noviembre. Nunca se convocó la ponencia. Con la disolución, la reforma decae tras un año en el cajón. En paralelo, el Gobierno sacó un proyecto de Ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés: el Pleno aceptó tramitarlo a principios de 2025, las enmiendas llegaron tarde y la ponencia tampoco cuajó.
El 25 de agosto, el Consejo de Ministros intentó la vía del real decreto-ley, argumentando el compromiso del Plan de Recuperación y el desembolso de fondos. El 16 de septiembre, el Congreso lo derogó con los votos de PP, Vox y Junts. Mientras estuvo en vigor, más de 250 entidades se inscribieron en el Registro Estatal de Grupos de Interés. Después, silencio institucional y precampaña a gritos.
Quién gana con la niebla
La lectura progresista no es un cuento de buenos y malos de tebeo. El Gobierno llega tarde, deja varada su propia ley y descubre la urgencia cuando el reloj europeo aprieta. Eso hay que decirlo. Pero el veto de la derecha y de Junts al decreto no es “higiene democrática”: es dejar el pasillo de la influencia sin cámara ni lista. Si el 29-N se disputa como pelea de bandera y de vivienda, la letra pequeña de quién empuja las leyes también es política. Y de la que duele.
El GRECO lleva doce años pidiendo lo básico: saber quién habla con el poder, para qué y con qué resultado. España responde con códigos que no se cumplen, ponencias que no se convocan y decretos que se tumban. En una democracia adulta, eso no es “ruido técnico”. Es el precio de la opacidad, pagado a plazos, mientras la calle discute el desfile y el censo.