Hay una forma muy española de atraer inversión: anunciar el hub digital del sur de Europa y, al mismo tiempo, escribir un real decreto que hace sudar la calculadora. Google ha suspendido su plan de un gran campus de centros de datos y la inversión de miles de millones asociada mientras no se aclare el nuevo marco regulatorio del Gobierno.
Lo adelantó El Mundo y lo ha ampliado la cobertura tecnológica: la compañía ya opera región cloud en Madrid con servidores en instalaciones de terceros, tendió el cable Grace Hopper en Vizcaya y compró casi 6.000 m² en el PCTCAN de Cantabria para la estación del cable submarino Sol (Santander–Florida). Lo que ahora se frena no es un tweet: es la ampliación hiperescalar de capacidad propia en España.
El miedo tiene nombre de articulado. El borrador del real decreto de centros de datos aprieta la sostenibilidad energética: en la lectura del sector, se exige cubrir en torno al 80% del consumo con renovables nuevas y con correlación hora a hora, no con promedios anuales cómodos. SpainDC, la patronal de la que Google es asociada, lleva semanas diciendo que el texto situaría a España como el país más restrictivo del entorno y que, en el peor escenario, peligraría entre el 80% y el 90% de la nueva inversión elegible.
No hace falta idolatrar a Alphabet para entender el mensaje. Mientras aquí se discute el decreto entre más de 600 alegaciones y el filtro del Consejo de Estado, Finlandia se lleva 13.000 millones de Google en dos años —la mayor apuesta europea de la compañía— y el mapa de TPU y racks se pinta de norte a sur… hasta que llega al Mediterráneo y se queda en blanco. La demanda de IA no espera a la Comisión Permanente del Congreso: se va donde haya megavatios predecibles y permiso claro.
El Gobierno argumenta protección del recibo de la luz y orden frente a la especulación de accesos a red. La CNMC cifra permisos ya concedidos en torno a 12 GW, muy por encima de lo que contemplaba la Estrategia de IA. Tiene sentido no regalar la red a proyectos fantasma. Lo que no tiene sentido es cambiar las reglas a mitad de partida a proyectos con suelo, obra y contratos ya comprometidos, y dar plazos de adaptación de meses para inversiones pensadas a décadas.
Por eso la pausa de Google no es un capricho de Silicon Valley: es un termómetro. Kent Walker, el jefe global de asuntos públicos de la compañía, ha pasado por Madrid; el regulador dice que habló de competencia, no del decreto. Da igual el eufemismo: el capital lee el BOE futuro mejor que el eslogan de soberanía digital. Como resume Begoña Villacís (SpainDC): si no se construye aquí, se construirá en otro sitio y desde allí se servirán los mismos bits a empresas y ciudadanos españoles.
Falta el texto definitivo. El Ejecutivo quiere cerrarlo antes del 29-N y se ha abierto, según informaciones de prensa, a suavizar exigencias si no disparan el precio eléctrico. Hasta entonces, la chequera espera. Y cada semana de incertidumbre es una chincheta menos en el mapa español y una más en el de quien sí da certidumbre.