El Gobierno ha conseguido que una palabra solemne —democracia— acabe metida en una percha. Según han publicado La Razón, El Español y ABC, la iniciativa Dmocracia se presenta como una marca de ropa vinculada a la promoción de valores democráticos, con grabaciones en el Congreso y presencia de la influencer Marina Rivers en la campaña. La noticia se ha movido también por agregadores de actualidad como Google News.
El dato político no es que exista una camiseta. Es que el Ejecutivo ha decidido envolver una campaña institucional con estética de marca, escenario parlamentario y lenguaje de redes justo cuando su Plan de Acción por la Democracia sigue siendo objeto de bronca y escrutinio. Traducido: mientras media España espera leyes, explicaciones y resultados, la comunicación pública se nos va al probador.
Cuando la regeneración se convierte en merchandising
Desde una lectura liberal-conservadora, el problema no es que las instituciones intenten hablar con los jóvenes ni que usen formatos menos acartonados. Ojalá el Estado aprendiera alguna vez a comunicar sin parecer una circular plastificada. El problema aparece cuando una campaña pública se acerca demasiado a la autopromoción política y demasiado poco a la rendición de cuentas.
La democracia no necesita una etiqueta bonita. Necesita instituciones que funcionen, concursos claros, gastos explicados, leyes tramitadas y una frontera limpia entre educación cívica y propaganda gubernamental. Si el mensaje es “valores democráticos”, la primera pregunta debería ser cuánto cuesta, quién decide el enfoque, con qué criterios se adjudica cada pieza de campaña y qué resultados se esperan medir. Sin eso, la camiseta no viste la democracia: la tapa.
Hay además una imagen difícil de defender. Usar el Congreso como decorado para una campaña de estética comercial puede parecer moderno en una presentación de agencia, pero fuera de la burbuja suena raro. El Parlamento no es un plató cualquiera. Es la casa donde se aprueban leyes, se controla al Gobierno y se representan mayorías muy distintas. Convertirlo en fondo de marca exige una justificación especialmente sólida.
La política del envoltorio
El Gobierno puede alegar que se trata de promover valores democráticos y combatir la desafección. Es una intención defendible. Pero la desafección no se combate solo con diseño, ni con una influencer, ni con una campaña que corre el riesgo de parecer más preocupada por la estética que por el fondo. Se combate cuando el ciudadano nota que las instituciones le responden y que el dinero público no se usa para envolver al poder en papel de regalo.
La derecha hará sangre con esto, y no le faltará munición. Pero el aviso debería ir más allá del rifirrafe. Cada euro público dedicado a comunicación institucional exige una prudencia que en política se olvida rápido: no todo lo que mejora una campaña mejora la democracia. A veces la empequeñece, porque convierte una idea compartida en una marca discutible.
Lo razonable ahora no es montar una hoguera moral por una camiseta. Es exigir transparencia completa: presupuesto, contratos, objetivos, piezas producidas, permisos de uso del Congreso y evaluación. Si todo está bien, que se vea. Y si la campaña es más humo que pedagogía democrática, que el Gobierno asuma el coste político. La democracia no se defiende con una percha; se defiende dejando mirar la factura.