El spray ya no es solo un meme de la sesión de control. Este jueves, el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid ha abierto diligencias previas por un presunto delito de lesiones tras el incidente del gas pimienta que protagonizó la diputada del PP Ana Vázquez el 23 de septiembre en el Congreso. La vía parlamentaria se evaporó con el adelanto electoral. La judicial, en cambio, acaba de arrancar en Plaza de Castilla.
El juez Pedro Merchante ha admitido a trámite la denuncia de tres afectados y, de momento, ha pedido que completen el escrito con los partes de lesiones. Fuentes jurídicas subrayan que las diligencias están en fase muy inicial: no consta imputación de Vázquez ni de ninguna otra persona. No hay condena, no hay auto de procesamiento. Hay un bote, unos baños y un juez que pide papeles médicos.
Del hemiciclo a los baños (y a Mauritania)
El 23 de septiembre, Vázquez —diputada por Ourense, portavoz de Interior del PP y miembro de la ejecutiva de Feijóo— sacó el espray mientras preguntaba a Fernando Grande-Marlaska por la seguridad de mujeres y niñas en Ceuta. «Esto es el material escolar básico», llegó a decir, según el relato de los medios. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, le ordenó abandonar el hemiciclo: allí no se exhiben «armas». La popular insistió en que el bote estaba «vacío».
No lo estaba del todo. Horas después se precintaron dependencias de los edificios de la Cámara. El gas, muy irritante, se había dispersado. Fuentes del Congreso hablaron entonces de una delegación de Mauritania que salió apresurada de los baños y de una mujer con síntomas fuertes; el olor llegó incluso a las cocinas. La Policía acordonó zonas de despachos, cafetería y salas de trabajo mientras se buscaba el origen.
El PP terminó admitiendo, tras varias versiones, que un trabajador del partido recibió el bote de manos de Vázquez y lo manipuló —«lavó» o vació— en baños del Congreso «por si quedaba contenido». La entonces portavoz popular reconoció un «error» evidente que «se podría haber evitado». Traducción llana: el teatro del hemiciclo acabó en un aerosol en el aseo y en gente tosiendo.
La sanción que se fue con las Cortes
El 29 de septiembre, la Mesa del Congreso —con los votos de la mayoría de PSOE y Sumar— abrió expediente sancionador. Los letrados de la Cámara habían concluido que el gas pimienta es un «arma» a efectos reglamentarios. La disolución de las Cortes por el 29-N impidió votar la sanción: no habrá suspensión de empleo y sueldo por esa vía. El adelanto electoral, en este caso, funcionó como amnistía reglamentaria de facto.
Por eso importa lo de hoy. Cuando el hemiciclo se cierra, queda el juzgado. Tres personas han llevado el asunto a instrucción por lesiones. El juez no ha llamado aún a declarar a nadie; primero quiere documentación médica. Es el mínimo procedural. También es el recordatorio de que un espray en un pleno no es solo «mensaje político» si después el gas viaja por los baños y afecta a trabajadores o visitas diplomáticas.
Qué no se puede hinchar (todavía)
El marco progresista no necesita inventar un linchamiento judicial. Basta con la secuencia: exhibición en pleno, mentira del «vacío», vaciado en baños, precinto, expediente parlamentario caído y denuncia penal admitida. Afirmar ya una condena o una imputación firme sería tan tramposo como el bote «vacío». Lo que sí se puede decir es que el PP convirtió un debate sobre Ceuta en un incidente de seguridad interior de la propia Cámara… y que la disolución no borra el rastro cuando hay partes médicos de por medio.
En precampaña, cada bando peleará el relato: unos hablarán de «simbolismo» y de mujeres ceutíes; otros, de frivolidad con un irritante en un edificio público. El juez Merchante, de momento, solo ha dicho una cosa con hechos: hay denuncia, hay diligencias y faltan los partes. El resto, a probarse.