El adelanto electoral ha metido al Tribunal Supremo en un atasco que no estaba en la hoja de ruta. La Sala de lo Contencioso estudia in extremis si mantiene la suspensión del derecho a voto de quienes se nacionalizaron por la llamada ley de nietos —la vía de la Ley de Memoria Democrática para descendientes del exilio— o si, como reclaman la Fiscalía y la Abogacía del Estado, levanta esa cautela al menos para el 29 de noviembre.
No es un debate de despacho. Según datos aportados por la Abogacía y recogidos por El País, el censo válido de estos comicios —cerrado el 1 de agosto— deja en el aire a unas 163.020 personas afectadas por la medida. El reloj, además, no perdona: la LOREG manda tener el censo disponible el lunes 12 de octubre para ocho días de exposición pública y reclamaciones, con publicación definitiva prevista el 23 de octubre. A partir de ahí, el censo es inamovible.
Qué piden Fiscalía y Abogacía
La Fiscalía ha pedido al Supremo que no revise el censo “al menos durante este proceso electoral”. Argumenta seguridad jurídica: el censo del 1 de agosto apenas admite retoques y ejecutar la suspensión puede producir una “continua y progresiva suspensión de altas” incompatible con la ley electoral. El adelanto, dice, ha cambiado la ponderación de riesgos que justificó la cautela en septiembre, cuando todavía no había urnas a la vista.
La Abogacía del Estado va en la misma dirección y sube el tono constitucional: ante el riesgo de sacrificar de golpe un derecho fundamental, debe primar el ejercicio del sufragio. Advierte de imposibilidad material de separar, expediente a expediente, nacionalizaciones por la ley de nietos de otras vías antes del 29-N. Y señala un problema añadido: privar de voto con efectos sobre un censo anterior a la propia suspensión puede chocar con la irretroactividad del artículo 9.3 de la Constitución.
Ambas partes insisten en otra pieza incómoda: a los afectados no se les ha notificado la suspensión ni se les ha emplazado a defenderse. Si el Supremo mantiene la cautela sin darles voz, el Constitucional podría tumbar el esquema. Por eso piden que puedan personarse… sabiendo que eso puede desatar una oleada de recursos de gestión casi imposible en siete semanas.
El otro extremo: suspender las elecciones
Iustitia Europa —una de las partes recurrentes, junto a Vox— ha pedido al Supremo suspender las propias generales del 29-N el tiempo “estrictamente indispensable” para ejecutar la cautela. Argumenta riesgo jurídico en las dos direcciones: impugnaciones si votan personas afectadas e impugnaciones si se les impide votar. De forma subsidiaria, pide marcar informáticamente a esos electores en el censo del 1 de agosto para trazar sus votos.
Esa petición deja el tablero en crudo. De un lado, el derecho de sufragio de decenas de miles de españoles de origen que ya constaban en el CERA. Del otro, la tesis de quienes ven un “peligro fundado, real y serio” de alteración del resultado por altas masivas en el censo exterior (Vox habla de un salto del CERA de más de 400.000 personas respecto a 2023 y ha pedido incluso llevar el asunto a la Comisión de Venecia). El Supremo tiene que decidir en horas, no en meses.
Lo que no se puede decir todavía
Nadie ha dictado aún sentencia de fondo sobre la legalidad de cada nacionalización. Nadie ha demostrado, persona a persona, fraude electoral generalizado. Lo que hay es una medida cautelar dictada sin elecciones convocadas y un adelanto que ha convertido esa cautela en una posible privación irreversible del voto en la cita que cuenta. Pedir transparencia y control del censo es legítimo. Convertir la duda en exclusión masiva sin audiencia a los afectados es otra cosa.
Para la mesa de izquierdas el marco es claro: el 29-N no puede construirse sobre un censo recortado a golpe de auto cuando el Estado dice que no hay tiempo material para la cirugía. Si hay irregularidades, se investigan con prueba y procedimiento. Si lo que pesa es el miedo a un electorado exterior ampliado, eso se debate en campaña, no se resuelve apagando urnas por decreto judicial de última hora.