La crisis de Ceuta ya no está solo en la frontera ni en el pleno bronco del Congreso. También está entrando, con paso lento pero serio, por la puerta de la Audiencia Nacional. La Fiscalía, según adelantó elDiario.es, apoyará que ese tribunal investigue lo ocurrido los días 30 y 31 de julio, cuando decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia la ciudad autónoma.
La clave jurídica está en una palabra que cambia mucho el tablero: transnacional. El Ministerio Público considera que los hechos no se quedan en un problema local de orden público, porque las personas partieron de Marruecos y acabaron en territorio español. También apunta a la afectación de instituciones del Estado y a una frontera española. Dicho sin latinajos: no se investiga solo un salto de valla, sino si hubo algo más grave alrededor de una frontera europea.
La causa, eso sí, sigue en fase preliminar. Conviene subrayarlo porque el ruido político ya va tres carriles por delante de los papeles judiciales. No hay condenas, no hay juicio, no hay una verdad judicial cerrada. Hay una jueza, María Tardón, unas diligencias y una Fiscalía que ve base para que la Audiencia Nacional mire el asunto. Bastante, pero no todo.
La derecha ha olido sangre política. El PP se ha personado y Alberto Núñez Feijóo lanzó desde la tribuna una frase diseñada para sobrevivir al día: Sánchez, dijo, “la va a pagar ante la Justicia y ante las urnas”. Vox fue más lejos: Santiago Abascal pidió abrir el camino parlamentario para juzgar al presidente por traición. Ahí ya no hablamos de control al Gobierno, sino de convertir la crisis en un pleito de Estado con aroma penal.
El problema para Sánchez es que su línea de defensa exige una precisión que en política suele sonar a escapismo. El presidente insiste en que no hay pruebas que permitan concluir que Marruecos diseñó o ejecutó la entrada masiva. A la vez admite que investigará si hubo “inacción o incapacidad” del país vecino y promete actuar con contundencia si aparecen evidencias. Es una posición jurídicamente prudente, pero emocionalmente floja para una ciudad que se siente abandonada.
El Gobierno intenta ganar aire con dos movimientos: desclasificar informes de inteligencia del periodo crítico y llevar a Europa la condición especial de Ceuta y Melilla. Pero la calle y buena parte del Congreso no están pidiendo solo papeles. Piden responsables, dinero, seguridad y una explicación que no parezca escrita para no molestar a Rabat.
La Audiencia Nacional puede acabar poniendo algo de orden donde la política está poniendo gasolina. Si investiga, deberá separar indicios de relatos, decisiones torpes de delitos y propaganda de prueba. Es justo lo que ahora falta. Porque una democracia puede exigir responsabilidades durísimas. Lo que no puede hacer es saltarse el tramo incómodo entre la sospecha y el hecho probado.
También hay una lectura institucional incómoda: si todo se deja al choque entre Moncloa y la oposición, Ceuta queda atrapada en una pelea de relato. La intervención de Fiscalía no arregla la frontera ni aloja a nadie, pero obliga a fijar cronología, documentos y competencias. Y eso es mejor que la niebla. La política puede discutir el marco; los juzgados tendrán que preguntar por hechos concretos, órdenes concretas y omisiones concretas.