La Fiscalía andaluza lo dice claro: el narco gana cuando el juzgado se ahoga

Mientras la política nacional se pelea por el calendario electoral, en Cádiz el reloj judicial corre a favor de quien menos debería. La Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla, en su Memoria de 2025, avisa sin eufemismos: el atasco de macrocausas de narcotráfico está provocando prescripciones, paralización de investigaciones y rebajas de pena por dilaciones indebidas «con frecuencia muy cualificadas».

La zona cero es conocida. Campo de Gibraltar, Barbate y Chiclana están, según el Ministerio Público que dirige Ana Tárrago, «desbordados por volumen de trabajo, macrocausas vinculadas con el narcotráfico y notorias deficiencias de medios personales». En los Juzgados de lo Penal de Cádiz capital, el tiempo desde que entra un asunto hasta el juicio alcanza «con frecuencia plazos desmesurados que alcanzan varios años».

No es solo burocracia lenta. Es una tormenta perfecta: sistema procesal que la propia Fiscalía tilda de anacrónico, implantación de los Tribunales de Instancia que agrava el embudo, y falta de control efectivo del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el que obliga a prorrogar las causas complejas. Resultado: carpetazos cuando el delito prescribe y atenuantes de reloj cuando el juicio llega tarde.

Mientras tanto, el mapa criminal no espera. Andalucía confirma su papel de territorio clave en el narco europeo: hachís por Cádiz y Huelva, cocaína con inflexión fuerte vía Guadalquivir (aprehensiones que rozan los 6.500 kilos en el eje sevillano), dobles fondos en camiones por Algeciras y Almería, túneles en el entorno de Ceuta, y un «petaqueo» de combustible que en Huelva ha duplicado la gasolina intervenida por encima de 344.000 litros. La Fiscalía habla de clanes con «cierta militarización»: fusiles tipo AK, drones, inhibidores, descargas custodiadas con estética paramilitar.

El blanqueo, reconoce el informe, da resultados «insatisfactorios». En Almería y Marbella, los fiscales delegados antidroga carecen de apoyo adicional y de sección especializada pese a la complejidad. La memoria pide al menos un fiscal más por demarcación. También reclama reformas: agravar el fraude eléctrico ligado al cultivo indoor, retirar el carné a quien abastece narcolanchas y penar el impacto ambiental de los vertidos de gasolina.

El contraste político es sangrante para quien prioriza seguridad y Estado de derecho. Se puede debatir vivienda, decretos y urnas. Pero si las macrocausas mueren de viejas en el sur, el mensaje a las redes es cristalino: el cuello de botella no está solo en la playa, está en el juzgado. Y cada mes de retraso no es neutro: es tiempo que el crimen organizado usa para reinvertir, rearmar estructuras y diluir pruebas.

La Memoria no es un tuit de oposición. Es el diagnóstico del Ministerio Público andaluz sobre 2025, aireado ahora en medios de referencia. Quien gobierne —hoy o tras unas generales— tendrá que responder con medios, no con eslóganes. Porque un Estado que detiene y no juzga a tiempo acaba regalando impunidad por calendario.