El «concebido no nacido» de Ayuso ya tiene padrino: Feijóo lo quiere para toda España

Alberto Núñez Feijóo ya tiene medida estrella para la próxima campaña, y no va precisamente de listas de espera ni de la factura de la luz. El líder del PP anunció el pasado 6 de julio en Espejo Público que, si llega a La Moncloa, aprobará una ley nacional inspirada en la norma que Madrid acaba de sacar adelante para que el «concebido no nacido» cuente en las ayudas y subvenciones públicas. Sus palabras: «Cuando una mujer está esperando un hijo, eso ya tiene que tener reflejo en las ayudas y en las subvenciones del sector público». Y el remate: «Haré una ley nacional».

Suena bien. Suena, de hecho, a sentido común de sobremesa: si esperas un bebé, que la Administración te eche una mano un poco antes. El problema, como casi siempre en política, no está tanto en lo que se dice como en la palabra que se elige para decirlo. Y «concebido no nacido» no es una expresión que aparezca por casualidad.

Qué aprobó Madrid y qué cubre

La semana anterior al anuncio, la Asamblea de Madrid aprobó —con los votos de PP y Vox— una ley que computa al concebido no nacido como un miembro más de la unidad familiar, con carácter general, dentro de las competencias administrativas de la comunidad. Traducido: a la hora de contar cuántos sois en casa para pedir según qué ayuda, el embarazo empieza a sumar.

El detalle importa. La norma se aplica a prestaciones ligadas a la renta o a la composición de la familia: becas de comedor, Bachillerato, primer ciclo de Infantil en centros privados, abono transporte, alquiler joven, deducciones y bonificaciones fiscales y el título de familia numerosa a partir de la semana 14 en determinados supuestos. No es un cheque bebé universal; es un cambio en cómo se cuenta la familia para repartir lo que ya existe.

Tampoco es un invento salido de la nada. Galicia —el feudo donde Feijóo gobernó más de una década— ya contemplaba desde 2011 una previsión parecida, aunque limitada a las familias numerosas. Lo que cambia ahora es la ambición: de un supuesto muy concreto al «carácter general», y de una comunidad autónoma a toda España.

El envoltorio se llama natalidad

El PP ha elegido con cuidado el marco del debate. Su portavoz, Borja Sémper, defendió que España tiene un problema grave de fertilidad y que muchas familias no tienen los hijos que querrían porque, sencillamente, no pueden permitírselo. Y ahí hay poco que discutir: la natalidad lleva años cayendo y el coste de criar es un muro bien real para mucha gente joven.

El movimiento retórico es de manual: envolver una definición jurídicamente cargada en una política social con la que es imposible no simpatizar. ¿Quién va a oponerse a ayudar a las embarazadas? Nadie. Por eso funciona tan bien.

Dónde salta la alarma

La izquierda no está discutiendo si conviene apoyar a las familias. Está mirando la etiqueta. Reconocer al «concebido no nacido» como miembro de la unidad familiar introduce en el ordenamiento —por la puerta administrativa de las ayudas— una idea sobre el estatuto del embrión que hasta ahora vivía en el terreno del debate moral, no en el del boletín oficial.

Conviene ser honestos con lo que esta propuesta es y con lo que no es. No deroga el aborto. No lo prohíbe. No otorga personalidad jurídica al nasciturus. Quien afirme lo contrario está corriendo más que los hechos: la ley madrileña habla de becas de comedor y de abono transporte, no de códigos penales.

Pero las palabras construyen realidad, y en derecho todavía más. Empezar a tratar administrativamente al no nacido como «uno más de la familia» asienta una premisa que mañana alguien podría querer llevar a otros terrenos. No es una acusación, sino una hipótesis política razonable, sobre todo cuando la norma nace pactada con un socio, Vox, que jamás ha ocultado sus posiciones sobre la ley del aborto.

La pregunta incómoda

Porque si de lo que se trata es de ayudar a las embarazadas y de levantar la natalidad, existe todo un catálogo de medidas que no obligan a redefinir qué es una familia: permisos de maternidad y paternidad más largos y mejor pagados, vivienda asequible, escuelas infantiles públicas y gratuitas, salarios que lleguen a fin de mes. Ninguna de ellas necesita la expresión «concebido no nacido» para funcionar.

Que el PP haya escogido precisamente esa fórmula —y no cualquier otra— dice bastante sobre el debate que quiere abrir, más que sobre el que asegura querer cerrar. Feijóo insiste en que solo habla de ayudas. Puede que sea del todo cierto. Pero en política, cuando alguien elige una palabra con tanto esmero, casi nunca es solo por la ayuda.

De momento, la ley nacional no existe: es una promesa de campaña condicionada a que Feijóo gobierne, y de las promesas de campaña ya sabemos lo que suele acabar cumpliéndose. Pero el marco ya está plantado. Y esa, en el fondo, era la primera victoria.