El Consejo de Ministros ha dejado de dar vueltas al mismo papel. Este martes ha aprobado en segunda vuelta el Proyecto de Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud y lo ha remitido al Congreso. En castellano llano: la reforma laboral de casi un millón de trabajadores sanitarios ya no es un borrador de ministerio; es un texto que entra en la trituradora parlamentaria.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, lo ha vendido como una tarea pendiente desde hace 23 años. El marco actual data de 2003. Sanidad sostiene que hay que actualizar jornadas, descansos, estabilidad y categorías. Hasta ahí, el discurso suena a sentido común. El problema es que el sentido común no está repartido por igual entre sindicatos, comunidades y grupos del Congreso.

El texto, según la información publicada este martes por El País y Gaceta Médica, mete cambios de calado. La jornada máxima semanal baja de 48 a 45 horas. Las guardias de trabajo efectivo quedan limitadas a un máximo de 17 horas —hoy se estiran a 24—, con excepciones en fines de semana y festivos que se plantean de forma voluntaria. También fija descanso diario mínimo de 12 horas entre jornadas y descanso semanal de 24 horas. En temporalidad, los interinos en plaza vacante no deberían superar tres años y las comunidades tendrían que convocar procesos de fijeza al menos cada dos años. Hay, además, compensación de 20 días por año en casos de abuso de temporalidad, categoría de personal investigador, profesionalización de cargos directivos, medidas de conciliación y derecho a la desconexión digital.

No es un decreto de “todo para los médicos”. Es un marco general de mínimos para el Sistema Nacional de Salud. Y ahí empieza la guerra real.

Los sindicatos mayoritarios del ámbito sanitario han respaldado la reforma en su tramo gubernamental. El 26 de enero, la ministra Mónica García presentó un acuerdo con SATSE, CCOO, UGT y CSIF como “la reforma sanitaria más importante del siglo”. Después, en el trámite de audiencia, llegaron más de 14.000 alegaciones. SATSE y CSIF llegaron a denunciar “traición institucional” al entender que se habían caído puntos pactados, sobre todo en jubilación y retribuciones. O sea: ni siquiera el bloque que firmó el acuerdo vive en paz con el papel final.

Los sindicatos médicos van mucho más lejos. El Comité de Huelga —CESM, AMYTS, SMA, SME, O’MEGA y Metges— mantiene la amenaza de huelga indefinida en septiembre. Quieren un estatuto propio, mesa de negociación específica, jornada ordinaria de 35 horas, guardias voluntarias y mejor pagadas, y una clasificación A1 Plus o A+ que reconozca la formación MIR. No es un matiz de redacción. Es un choque de modelo: ¿el médico es un trabajador estatutario más dentro de un marco común, o una profesión con reglas propias?

La primera mitad de 2026 ya dejó cicatrices. Hubo cinco semanas de huelgas en cinco meses distintos. El seguimiento fue discreto —en torno al 10% en muchas autonomías y hasta el 25% en las de mayor respaldo—, pero el impacto asistencial no lo fue: las comunidades cifraron la cancelación de más de dos millones de actos médicos, con picos duros en Andalucía y Madrid. Los facultativos culpan a unos “servicios mínimos abusivos”. Los gestores miran la lista de espera y se llevan las manos a la cabeza.

Mientras el Congreso se prepara para pelear el articulado, varias comunidades ya se han movido por su cuenta. Andalucía, Comunidad Valenciana, Euskadi, Galicia y Asturias se han comprometido a rebajar guardias o a hacerlo de forma progresiva; Asturias, según El País, llega a hablar de jornadas de guardia de ocho horas. Seis comunidades del PP, en cambio, alegaron contra la rebaja de 24 a 17 horas y la tildaron de poco realista. El mensaje político es cristalino: el Estatuto puede ser un mínimo estatal, pero la sanidad se gestiona en las autonomías y ahí la derecha autonómica no está dispuesta a firmar un cheque en blanco.

En el hemiciclo la aritmética no sonríe. El texto solo tiene apoyo claro de PSOE y Sumar. PP y Vox se oponen. Junts, según el relato de El País, es un socio muy probable del no. Sin más apoyos de investidura, la reforma puede morir en la misma puerta por la que entra. Por eso este martes no es el final de la película; es el momento en que el conflicto deja de ser solo laboral y se convierte en prueba de fuerza parlamentaria.

Desde la izquierda institucional, el fondo del debate es otro: si el Estado es capaz de poner un suelo de derechos laborales en la sanidad pública después de dos décadas de parcheo, o si la presión de los colegios y de la oposición tumba cualquier intento de homogeneizar condiciones. Rebajar guardias de 24 a 17 no es un capricho cosmética. Es reconocer que un sistema que normaliza jornadas de un día entero termina pagándolo en errores, bajas y fuga de profesionales. Que los médicos pidan más es legítimo. Que el Congreso use esa disputa para dinamitar el marco entero sería otra cosa: dejar a casi un millón de trabajadores con la norma de 2003 mientras la sanidad de 2026 se cae a trozos.

Septiembre llega con dos relojes en marcha. Uno, el de la mesa de huelga médica. Otro, el de la tramitación en la Cámara. Si el Gobierno quiere vender “mejora sustancial de condiciones básicas”, tendrá que demostrar que el papel aguanta enmiendas, vetos y movilización. Si la oposición quiere tumbarlo, tendrá que explicar qué alternativa ofrece más allá del no. Y si los sindicatos médicos mantienen la huelga indefinida, el coste lo pagarán también pacientes que no han entrado en ninguna mesa de negociación.

El Estatuto Marco no cura la sanidad por sí solo. Pero dejarlo en el cajón otros 23 años tampoco. Este martes, al menos, el cajón se ha abierto.

Fuentes y contexto