España encabeza Europa en riesgo de pobreza entre la población extranjera: el 47,8% que el discurso del crecimiento no cuenta

Hay estadísticas que protagonizan ruedas de prensa y otras que se quedan en un cajón. La que publica Eurostat sobre el riesgo de pobreza entre la población extranjera pertenece, claramente, al segundo grupo. Y es una pena, porque dice mucho del país real: el 47,8% de la población extranjera adulta residente en España estaba en 2025 en riesgo de pobreza o exclusión social. Casi una de cada dos personas.

El medio Vozpópuli lo situaba este 29 de junio en su titular, sin anestesia: «España también lidera la pobreza entre extranjeros en la UE: la mitad están en riesgo de exclusión». La alerta es legítima. El matiz, también: conviene leer el dato con cuidado antes de convertirlo en munición.

Qué mide este número (y qué no)

El registro procede de la tabla ilc_peps05n de Eurostat, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social por nacionalidad en la población de 18 años o más. Conviene subrayar dos palabras: riesgo y o. No hablamos de pobreza absoluta ni de gente que pasa hambre por definición, sino de un indicador que combina renta baja, privación material y escasa vinculación con el empleo. Estar en ese umbral significa vivir al borde, con poco colchón para aguantar un golpe: una avería, una subida del alquiler, un mes sin contrato.

Y hay algo que el dato, por sí solo, no dice. No señala una causa única, no reparte culpables y no aclara si la situación ha mejorado o empeorado respecto a años anteriores. Es una foto fija, no una película. Quien lo use para una cruzada simplista —en cualquier dirección— está forzando la estadística.

El contraste que duele

El verdadero titular no es el 47,8% aislado, sino la brecha. Entre las personas con nacionalidad española, el riesgo de pobreza o exclusión se queda en el 20,3%. Es decir: tener o no tener pasaporte español multiplica por más de dos las probabilidades de vivir en la cuerda floja. Esa distancia no es un detalle técnico; es el mapa de una desigualdad que se hereda y se nota.

Dentro del propio colectivo extranjero, la fractura se ensancha. La cifra sube hasta el 53,1% entre la ciudadanía de países de fuera de la UE y baja al 36,3% entre quienes proceden de otros Estados comunitarios. Traducido: no todos los extranjeros viven igual. El origen, el estatus administrativo y el acceso a derechos dibujan trayectorias muy distintas. Meter a todo el mundo en el mismo saco es, además de injusto, analfabetismo estadístico.

España, primera de la lista

En la consulta realizada sobre población extranjera adulta para 2025, España aparece con el valor más alto entre los países de la UE: ese 47,8% se sitúa por delante de Italia (43,5%), Suecia (40,6%), Francia (40,4%) y Grecia (40,0%). Encabezar este ranking no es precisamente motivo de orgullo patrio. Es la prueba de que algo, en la maquinaria de la integración material, chirría más aquí que en los vecinos.

La grieta que no sale en los discursos

Aquí toca subir la mirada. España lleva tiempo presumiendo de crecimiento, de cifras macro y de récords de afiliación. Todo eso puede ser verdad y, a la vez, perfectamente compatible con que casi la mitad de la población extranjera adulta aparezca en riesgo de pobreza. Porque el PIB no se reparte solo, y el empleo, cuando es precario y mal pagado, no saca a nadie del agujero: lo amuebla.

El terreno donde se decide la igualdad real tiene nombres concretos. La vivienda, que se come una parte indecente del sueldo y golpea con especial saña a quien parte sin red familiar ni ahorros. El empleo, demasiadas veces atrapado en sectores temporales, intensivos y con salarios que no llegan a fin de mes. Y los servicios públicos, esa palanca que debería igualar por abajo y que, cuando se adelgaza, deja fuera primero a los más vulnerables.

Nada de esto se arregla criminalizando a quien migra ni fingiendo que el problema es la gente que llega. El problema es la estructura que la recibe: un modelo que ofrece trabajo pero no condiciones, residencia pero no arraigo, presencia pero no plena ciudadanía social.

Un indicador, no una sentencia

Conviene repetirlo para que nadie lo manipule: ese 47,8% es un indicador de riesgo, no una sentencia ni una acusación contra nadie. No demuestra culpables ni cierra el debate. Lo que sí hace es encender una luz roja en el salpicadero. Y las luces rojas no se apagan tapándolas con la mano: se atienden.

La pregunta de fondo, la que un país que se quiere decente debería hacerse, es sencilla. Si la prosperidad solo llega a quien ya tenía sitio, ¿de qué prosperidad hablamos? El dato de Eurostat no responde por nosotros. Pero deja la pregunta sobre la mesa, y mirar hacia otro lado ya no es una opción neutral.