Cada cierto tiempo regresa el mismo argumento, disfrazado de sentido común: que el Estado de bienestar es un capricho que ya no nos podemos permitir, un lujo de tiempos mejores que conviene recortar "por responsabilidad". Conviene desmontarlo desde el principio. La sanidad pública, la Seguridad Social, las pensiones y la red de protección social no son un adorno presupuestario que se añade cuando sobra dinero y se retira cuando falta. Son la columna vertebral de un pacto democrático y, además, están escritos en la ley.
Quien presenta el gasto social como una concesión generosa del poder hacia la ciudadanía invierte los términos. No es una limosna: es un derecho. Y los derechos no se mendigan, se ejercen.
Un derecho escrito, no una promesa de campaña
El punto de partida no es una opinión, es el primer artículo de la Constitución. España se define allí como un "Estado social y democrático de Derecho". La palabra "social" no está de adorno: obliga al conjunto de los poderes públicos a no ser neutrales ante la desigualdad. Un Estado que se declara social asume que la libertad sobre el papel no sirve de mucho si no hay condiciones materiales para ejercerla.
Ese mandato no se agota en el artículo 1. La Constitución despliega después un catálogo de principios y derechos vinculados a la protección social: la Seguridad Social, la salud, la vivienda y las pensiones, entre otros, forman parte de los principios rectores que deben orientar la política social y económica. Es decir, la igualdad no es un eslogan amable: es un objetivo que el propio ordenamiento encarga expresamente a quienes gobiernan.
Conviene insistir en esto porque cambia el terreno de juego. Cuando se debate sobre recortes, no estamos discutiendo si el Gobierno de turno quiere ser más o menos generoso. Estamos discutiendo hasta qué punto se respeta o se vacía un compromiso constitucional. Y esa es otra conversación, mucho más incómoda para quien quiere adelgazar lo público.
Y no es solo cosa nuestra: Europa también lo firma
El segundo apoyo está fuera de nuestras fronteras. La Carta Social Europea revisada, impulsada por el Consejo de Europa, funciona como el marco continental de los derechos sociales: trabajo, salud, protección social, vivienda. España la ratificó y la publicó en el Boletín Oficial del Estado en 2021, lo que significa que asumió esos compromisos no como un brindis al sol, sino como obligaciones que ha aceptado formalmente.
Esto importa por una razón muy concreta: desmonta la idea de que defender lo social sea una rareza ideológica de un solo lado. Es, casi literalmente, el suelo común europeo. Los mismos que presumen de europeísmo cuando toca hablar de mercados suelen mirar hacia otro lado cuando Europa recuerda que también existe un contrato social que cumplir.
Quién gana, quién pierde y qué no cambia
Pongamos nombre a las consecuencias, porque los debates en abstracto siempre benefician a quien ya está cómodo. Cuando el Estado social funciona, gana la mayoría que no tiene un colchón privado: la familia que puede operarse sin arruinarse, el trabajador que cotiza esperando una pensión, la persona mayor que no depende de la caridad de nadie. La sanidad pública, las pensiones y la protección social son, para casi todos, la única gran herencia colectiva con la que cuentan.
¿Y quién pierde si se debilita? Pierde quien menos puede pagarse una alternativa. El recorte siempre se vende como técnico y neutral, pero rara vez lo es: quien puede costearse un seguro privado apenas nota la diferencia; quien no puede, la nota entera. Por eso conviene desconfiar cuando alguien presenta el desmantelamiento de lo público como una simple cuestión de eficiencia. La eficiencia, usada así, suele ser el nombre elegante de un trasvase: de lo común a lo privado, de la mayoría a unos pocos.
Seamos honestos, eso sí, con lo que no estamos defendiendo. Defender el Estado de bienestar no equivale a sostener que cada euro público se gasta siempre bien, ni que toda política social sea automáticamente eficaz por el mero hecho de ser pública. Creerlo sería caer en el mismo dogmatismo que criticamos, y convertir una opinión en un mandato técnico indiscutible. Un derecho mal gestionado sigue siendo un derecho, y precisamente por eso merece ser protegido y, a la vez, mejorado, fiscalizado y exigido. Defenderlo no es blindarlo frente a la crítica: es negarse a tirarlo a la basura.
Y aquí está lo que no cambia, dígase lo que se diga en cada ciclo de austeridad: el carácter social del Estado no es una preferencia partidista que cada mayoría pueda borrar a su gusto. Está en la primera línea de la Constitución y en los compromisos europeos que España ha firmado. Llamarlo "lujo" es, sencillamente, no haber leído la letra pequeña del país en el que vivimos. El Estado de bienestar no nos lo regaló nadie: lo conquistaron generaciones que entendieron que una democracia sin derechos sociales es una democracia a medias. Defenderlo no es nostalgia. Es, una vez más, ejercer un derecho.