Hay un momento en el que seguir fingiendo normalidad es una forma de desprecio. Ese momento llegó cuando el Congreso tumbó los decretos de vivienda y, en vez de enrocarse en una legislatura ya sin oxígeno, Pedro Sánchez puso fecha al veredicto: el 29 de noviembre. El BOE lo ha convertido en reloj. No es un capricho de Moncloa; es la única salida limpia cuando ya no hay mayoría ni para lo que el Gobierno llama “sentido común”.
Se puede discutir el timing. Se puede discutir el cartel. Lo que no se sostiene es la caricatura de que adelantar elecciones sea “huir”. Huir habría sido prorrogar la parálisis hasta 2027, vivir de decretos a medias y echar la culpa eterna a Junts, al PP o al barómetro. Sánchez ha hecho lo contrario: ha dicho, en público, que necesita una mayoría progresista más amplia y ha puesto la vivienda en el centro del tablero. Eso es política de alto voltaje, no de despacho.
La derecha lo lee como confesión de debilidad. La lectura progresista es otra: la legislatura nacida en 2023 cargaba con una aritmética frágil, una oposición que solo veta y unos socios que cobran peajes hasta por respirar. Cuando PP, Vox y Junts coinciden en tumbar medidas de vivienda, el mensaje no es “el Gobierno exagera”. El mensaje es que hay un bloque dispuesto a dejar el problema intacto con tal de no regalar un titular al Ejecutivo. Frente a eso, ir a las urnas no es cobardía: es devolver la llave a quien paga el alquiler.
¿Ha sido perfecta esta etapa? No. Nadie serio en la izquierda debería vender santidad. Ha habido desgaste, errores de comunicación, dependencias tóxicas y una acumulación de ruidos judiciales que envenenan el clima aunque cada causa tenga su cauce. Pero el balance no se mide solo en portadas de crisálida. Se mide en si España ha blindado derechos sociales en un continente que gira a la derecha, en si se ha intentado intervenir un mercado de vivienda que expulsa a una generación, en si la alternativa real —no la de los mitines— es un PP obligado a mirar de reojo a Vox.
Sánchez no pide un cheque en blanco: pide un mandato más claro. Quien quiera echarlo, que lo eche en las urnas. Quien quiera políticas de vivienda, salarios y Estado social, que deje de esperar un milagro parlamentario con siete votos ajenos. El 29-N no es el final de la historia progresista. Es, por fin, el momento en que esa historia deja de pedirle perdón por existir.