El viernes el pleno del Congreso dijo no. El lunes, con las urnas ya en el calendario, Moncloa cambió de mesa. Fuentes del Ejecutivo confirman que el Consejo de Ministros de este martes volverá a aprobar medidas de vivienda. No irán al hemiciclo de 350 escaños. Irán a la Diputación Permanente: el órgano reducido que mantiene vivo el Congreso cuando las Cortes se disuelven.
La diferencia no es cosmética. Es aritmética. Y, para quien se quedó sin techo o teme el desahucio, es la diferencia entre un papel tumbado y una norma que puede volver a circular.
De 350 a 69: cambia el tablero
Según el reparto oficial que detalla RTVE, la Diputación Permanente la forman 68 diputados más la presidenta, Francina Armengol. El mapa queda así: PP 27, PSOE 24, Vox 6, Sumar 6, y un escaño para ERC, Junts, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto. Con el voto de Armengol, el bloque socialista suma en la práctica 25.
Si PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu, PNV y la representante del Grupo Mixto —Ione Belarra— votan juntos, alcanzan 35 apoyos. PP, Vox y Junts se quedan en 34. Es decir: el partido de Carles Puigdemont, que el viernes fue llave para tumbar los decretos junto a la derecha, deja de ser indispensable en este escenario reducido.
No es un truco inventado a última hora. Es el artículo 78 de la Constitución y el reglamento del Congreso: con las Cámaras disueltas, la Diputación Permanente convalida o deroga decretos-ley, tramita asuntos urgentes y garantiza que el control parlamentario no se apague del todo hasta que haya nuevas Cortes.
Qué se quiere rescatar
Europa Press resume el paquete que cayó el viernes y que el Gobierno pretende reactivar. El primer decreto apunta a protección frente a determinados desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional —con horizonte hasta 2030—, prórrogas extraordinarias de hasta dos años en ciertos alquileres y frenos a la compra masiva de vivienda por fondos. El segundo se centra en la renovación automática de contratos y en indemnizaciones si el casero corta sin causa justificada.
Aquí llega el matiz que nadie debería esconder: la aritmética de 35-34 no garantiza los dos textos. El PNV respaldó el decreto principal de protección y votó en contra del segundo, el de renovaciones de alquiler. Si repite ese voto en la Diputación Permanente, el segundo podría volver a caer: 34 a favor y 35 en contra. Moncloa tiene que negociar otra vez —con Sumar, con los socios y, sobre todo, con el PNV— el contenido exacto de lo que ponga sobre la mesa el martes.
Lo que la calle ya entendió
El relato de la derecha será previsible: “atajo”, “truco de disolución”, “gobierno en funciones legislando a la brava”. El relato de la izquierda, si quiere ser honesto, no debería vender magia. Debe decir esto: el viernes, con el pleno ordinario, PP, Vox y Junts cerraron la puerta a un escudo que la calle pedía desde el desahucio de Maricarmen y las movilizaciones de vivienda. El lunes, al disolver, el sistema constitucional abre otra puerta más estrecha, pero real.
No es lo mismo gobernar con 350 que con 69. Tampoco es lo mismo necesitar a Junts que no necesitarlo. Para inquilinos y familias vulnerables, esa diferencia cabe en una frase: el no de Puigdemont ya no vale lo mismo.
Junts, por su parte, ha pedido volver a negociar textos más cercanos a sus posiciones. Puede intentarlo. Pero la mesa ya no es la del viernes. Y el reloj electoral —campaña desde el 13 de noviembre, urnas el 29— empuja a todos a enseñar cartas.
Qué no dice todavía el BOE
A esta hora lo firme es el anuncio político y el reparto de la Diputación Permanente. El detalle literal de los nuevos decretos lo sabremos cuando el Consejo de Ministros los apruebe y se publiquen. Hasta entonces, conviene no inventar cifras ni plazos que no estén en las fuentes. Lo que sí está: disolución, nueva votación en órgano reducido, mayoría posible de 35-34 para el bloque de investidura ampliado, y un segundo decreto que sigue dependiendo del PNV.
La legislatura se acaba. La emergencia de vivienda no. Si el Gobierno usa la Diputación Permanente para rescatar protección real —y no solo un titular de campaña—, la izquierda podrá decir que las urnas no llegan con las manos vacías. Si lo diluye o lo deja a medias, la calle lo leerá como lo que es: otra oportunidad perdida con el metro ya en marcha.