La condonación de deuda autonómica vuelve al barro parlamentario. PP y Vox han registrado enmiendas de totalidad contra el proyecto de ley del Gobierno para que el Estado asuma 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Traducido: quieren devolver la norma al Ejecutivo antes de que empiece su viaje serio por el Congreso.

La cifra no es pequeña ni el debate es técnico, aunque algunos intenten esconderlo entre siglas. Hacienda defiende que la medida aliviará las cuentas regionales y ahorrará unos 6.700 millones en intereses. La oposición sostiene que el diseño nace tocado por los acuerdos bilaterales con ERC y que convierte una negociación política en factura común.

Qué hay encima de la mesa

El proyecto se llama Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Suena a manual de gestoría, pero la idea es sencilla: el Estado pasa a asumir parte de la deuda autonómica. Para las regiones con deuda ligada al Fondo de Liquidez Autonómico, el mecanismo iría cancelando o amortizando saldos. Para las que no tengan deuda con el FLA, se prevé una subrogación del Estado en deuda con terceros, con consentimiento de los acreedores.

Hacienda lo presenta como una corrección de los desequilibrios acumulados desde la crisis financiera y como una ayuda para que las comunidades respiren con menos intereses. PP y Vox lo leen de otra manera: como una operación política que premia determinados pactos y abre una discusión incómoda sobre quién paga, quién se beneficia y con qué criterios.

La pelea real: igualdad o agravio

El Gobierno tiene un argumento potente: si las autonomías prestan sanidad, educación y servicios sociales, aliviar su deuda puede traducirse en margen para políticas públicas. El problema es que en España cada euro territorial llega con sospecha incorporada. Si una comunidad percibe que otra recibe trato de favor, la batalla deja de ser contable y se vuelve identitaria.

La derecha huele ahí una oportunidad clara. Puede presentar la ley como otra cesión del Ejecutivo a sus socios independentistas y colocar al PSOE en la foto del agravio territorial. Pero también tiene un riesgo: muchas comunidades gobernadas por el PP podrían beneficiarse de una quita si la norma sale adelante. Decir “no” en Madrid queda limpio; explicarlo en una consejería de Hacienda autonómica quizá sea menos cómodo.

Lo que no conviene vender como certeza

No hay que afirmar que la ley esté aprobada: está en trámite. Tampoco que PP y Vox hayan tumbado la medida: han pedido devolverla. Y tampoco conviene vender como hecho que exista un beneficio exclusivo para una comunidad concreta sin entrar en la metodología. El núcleo de la noticia es más sobrio y más político: el Congreso se prepara para decidir si el Estado absorbe una parte gigantesca de deuda autonómica mientras la oposición intenta convertirlo en un juicio sobre los pactos territoriales del Gobierno.

Ahí está la chicha. No en la palabra “condonación”, que suena casi amable, sino en la pregunta que ningún partido quiere responder del todo: cuando se borra deuda pública, ¿se reparte justicia financiera o se reparten favores?

Fuentes y contexto