Casi dos años después de la riada, Valencia sigue sin una cifra cerrada de muertos. No es un detalle de contabilidad: es la prueba de que la dana todavía no ha bajado del todo a tierra firme en los papeles.
La instructora de Catarroja ha retomado las testificales tras el parón de agosto y, según fuentes judiciales recogidas por la prensa, mantiene ocho expedientes abiertos a la espera del criterio forense. Si esos casos se incorporan, el recuento podría pasar de los 232 fallecidos actuales a 240.
La última víctima reconocida la semana pasada no encaja en el cliché de quien se ahoga en la calle. Es una vecina de Guadassuar con insuficiencia respiratoria crónica que se quedó sin el oxígeno que necesitaba tras la inundación de su casa y el corte eléctrico. Murió el 6 de noviembre de 2024 en el Hospital de La Ribera, en Alzira. Antes, el 13 de julio, la jueza había sumado a un hombre fallecido de un infarto en Benetússer. La dana no solo mató en el primer golpe: también dejó gente colgando de un hilo sanitario.
Esa ampliación del recuento importa porque cambia el marco. Ya no hablamos solo de quienes murieron arrastrados por el barranco. Hablamos de una cadena de fallos —suministro, aviso, evacuación, cuidados— que convierte la noche del 29 de octubre en una semana entera de muerte diferida. Si el Estado tarda casi dos años en decidir si una persona “cuenta” como víctima, está pidiendo a las familias que hagan de archiveros de su propio duelo.
La agenda de testigos dice mucho del tamaño del agujero. Esta semana tocan responsables de bomberos forestales de Alzira y Buñol; el jueves, el diputado provincial de Medio Ambiente Avelino Mascarell y la ex directora general de Prevención de Incendios Forestales Rosa María Touris. Más adelante entran la Confederación Hidrográfica del Júcar, el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, alcaldes de Riba-roja y Pedralba, y en octubre una tanda de once testigos con ocho alcaldes afectados. No es una causa de un solo despacho: es un mapa de avisos, competencias y relojes.
En ese mapa hay un papel especialmente tenso: el de Carlos Mazón. Su defensa presentó el 1 de septiembre un escrito de 66 páginas para negar el nexo causal entre el retraso del mensaje ES-Alert del 29 de octubre de 2024 y el número de víctimas. Sostiene que el expresident no era el responsable de adoptar las medidas de prevención ni intervino en la redacción del aviso. Tres días después, la jueza contestó con un auto duro: negar una “investigación prospectiva” contra él y calificar de “afirmación hueca” la idea de que se le persigue sin diligencias personales, recordando además su condición de aforado como diputado autonómico.
Mientras el juzgado pide ya una nueva prórroga de instrucción de seis meses a partir del 30 de octubre, las asociaciones de víctimas mueven el tablero político. La protesta mensual saldrá por primera vez de la provincia de Valencia y el 26 de septiembre se concentrará en Alicante, donde Mazón tiene oficina como expresident. No van a pedirle un tuit de condolencia: van a pedirle que la responsabilidad no se diluya entre forenses, aforamientos y calendarios.
La lectura de izquierdas es incómoda y simple. Si casi dos años después todavía se discute cuántas personas murieron “como consecuencia directa” de la riada, el Estado del bienestar valenciano falló dos veces: primero en la noche del agua y después en la lentitud para nombrar a los muertos y a quienes debían haber avisado a tiempo. El reloj roto de Guadassuar no es solo una tragedia individual. Es el recibo de una gestión que convirtió el minuto en política y la política en silencio.