Septiembre judicial: Ceuta se suma al listado y Moncloa ya no controla el calendario

Si el Gobierno esperaba un septiembre suave, el calendario judicial no coopera. El nuevo curso arranca con la investigación de Ceuta como frente añadido y con una lista que ya no cabe en una carpeta: reactivación de Koldo, Leire Díez y Plus Ultra; sentencias pendientes de Kitchen y Pujol; flecos de la amnistía; y la cuenta atrás del juicio a Begoña Gómez.

No es “lawfare” por decirse en voz alta. Es acumulación. La Audiencia Nacional concentra focos mediáticos mientras el Supremo, más de recursos, sigue con la nulidad de Ábalos, causas de Alvise Pérez y decisiones sobre regularización extraordinaria o la llamada ‘ley de nietos’. El Estado de derecho no se mide por el trending topic; se mide por si las causas avanzan con reglas claras.

Ceuta ha instalado además un choque de mando: la jueza Tardón pidió reserva a investigadores policiales; Interior habla de seguridad nacional; la AN defiende que no hubo interferencia. Cuando el Ejecutivo discute en público el perímetro de una investigación sensible, el mensaje que llega fuera es peligroso: que la cadena política quiere mirar por encima del hombro del juzgado.

En paralelo, Zapatero ha perdido su intento de anular Plus Ultra y Begoña Gómez ya ha fijado su defensa de absolución. Quien quiera convertir eso en linchamiento se equivoca; quien quiera convertirlo en tabú también. La derecha seria debería exigir rigor procesal, no atajos. Pero tampoco aceptar el relato de persecución cada vez que un expediente roza Moncloa o su entorno.

El acto de apertura —Rey, fiscal general nueva, CGPJ— servirá de decorado. Debajo hay una legislatura judicializada hasta la médula. Si Sánchez quiere gobernar, tendrá que hacerlo con los juzgados abiertos, no esperando que el calendario se apiade.

España no necesita un ‘tsunami’ de titulares. Necesita una regla simple: mismas exigencias para todos, sin descuentos por carnet. El curso judicial de 2026 lo va a poner a prueba otra vez.