El Congreso ha empezado a fijar una regla práctica para un problema que llevaba meses pudriéndose en los pasillos: qué hacer con quienes usan una acreditación de prensa para reventar ruedas de prensa. Según Europa Press, la Mesa de la Cámara se inclina por sancionar con un mes sin acreditación a quienes alteren esos actos, y ya ha aplicado ese criterio a Vito Quiles y Bertrand Ndongo.
La decisión tiene dos lecturas, y ninguna conviene despacharla con un tuit. Por un lado, el Parlamento no es un plató sin normas. Una rueda de prensa no funciona si cualquiera puede convertirla en un espectáculo de interrupciones, gritos y vídeos para alimentar una guerra de clips. Por otro, retirar acreditaciones de prensa es una medida delicada: afecta al acceso a una institución pública y debe estar blindada contra el capricho político.
Orden no significa barra libre para castigar
La Mesa del Congreso está en manos de una mayoría de PSOE y Sumar, y eso obliga a mirar la medida con lupa. No basta con que el sancionado sea incómodo, bronco o abiertamente militante. La pregunta correcta es si hubo una alteración concreta, acreditada y proporcionalmente sancionada. Si la respuesta es sí, la Cámara puede ordenar su casa. Si la respuesta se vuelve “no nos gusta cómo pregunta”, el precedente sería peligrosísimo.
Europa Press detalla que las sanciones llegan tras expedientes y propuestas de los servicios jurídicos. También recoge que ambos estaban suspendidos cautelarmente por acumulación de denuncias. Ese dato importa, porque separa una decisión administrativa —discutible, recurrible, fiscalizable— de una simple expulsión a dedo. Pero no elimina el deber de transparencia.
El Congreso debe explicar mejor sus límites
La política española ha normalizado una confusión interesada: llamar periodismo a cualquier operación de agitación y llamar censura a cualquier norma mínima de convivencia. Hay preguntas duras que incomodan al poder y son necesarias. Y hay interrupciones montadas para que no haya respuesta posible. Meterlo todo en el mismo saco solo beneficia a quienes viven del barro.
Si el Congreso quiere proteger el trabajo informativo real, debe publicar criterios claros, motivar cada sanción y permitir recursos efectivos. No puede parecer que premia a los periodistas dóciles y castiga a los molestos. La libertad de prensa no exige convertir cada comparecencia en una pelea de bar, pero sí exige que el poder no decida a oscuras quién entra y quién queda fuera.
Una prueba pequeña de un problema grande
La medida llega en una semana de actividad parlamentaria cargada: pleno extraordinario, senda de déficit, comisiones y una tensión política que se come cualquier matiz. En ese ambiente, cada decisión sobre acreditaciones será leída como una batalla más entre bloques. Precisamente por eso el Congreso debería ser más limpio que nunca.
Hay una salida razonable: reglas públicas, sanciones proporcionadas y tolerancia máxima con la pregunta incómoda. Lo que no puede haber es impunidad para boicotear actos ni un botón silencioso para apartar voces difíciles. Una democracia adulta distingue entre fiscalizar al poder y montar un numerito. Y lo hace con normas, no con venganzas.