En un Congreso que se pelea por casi todo, el martes salió una foto rara: 295 votos a favor para admitir a trámite una proposición del PP que reforma la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dijeron sí el PP, Vox, UPN, Coalición Canaria… y también el PSOE. Quedaron fuera Sumar, Podemos y Bildu. No es una ley aprobada todavía. Es el pistoletazo de salida. Pero el mensaje político ya está en el tablón: cuando se habla de meter jueces en los juzgados más rápido, hasta parte de la izquierda gubernamental se sube al carro.
La pieza central es de manual práctico. El PP quiere que la formación teórica de la Escuela Judicial y las prácticas tuteladas corran en paralelo, no en serie. Ese modelo integrado, según defiende la formación, podría recortar hasta nueve meses el plazo de llegada de nuevos jueces a los tribunales de instancia. Misma igualdad, mérito y capacidad; menos cola. Cuca Gamarra lo defendió desde la tribuna con una frase que resume el relato popular: hacen falta más jueces y magistrados, y si el Gobierno no arregla la Justicia, «por lo menos que no bloquee» a quien sí quiere intentarlo.
Los populares envuelven la propuesta en el lenguaje de Estado. Dicen que va en la línea reclamada por el Consejo General del Poder Judicial y que busca cubrir vacantes sin rebajar el listón de acceso. El marco es doble: eficiencia —menos retrasos, más plazas cubiertas— e independencia —plantillas suficientes frente a la presión política—. Gamarra cargó contra el Ejecutivo por «sabotear» la Justicia y «degradar instituciones». Eso es tesis de oposición, no hecho probado en la votación; la votación, en cambio, sí es un hecho: una mayoría aplastante para empezar el trámite.
El PSOE entró tarde, según el relato popular, «a la vista de que iba a salir adelante». Sea por convicción técnica o por cálculo de derrota, el resultado deja al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en una posición incómoda: una reforma judicial del PP avanza con sello socialista de toma en consideración. El Español lo ha resumido sin anestesia como un «golazo» contra Bolaños. La oposición lo celebra como prueba de que su plan de regeneración no es un monólogo.
Ahora toca lo de siempre: enmiendas, comisión y pelea fina. Admitir a trámite no es promulgar. Sumar, Podemos y Bildu marcan el flanco a la izquierda del sí: no todo consenso numérico es consenso de modelo. Pero el PP ya tiene lo que buscaba en esta fase: una mayoría transversal que habla de jueces, tiempos y Escuela Judicial, no solo de titulares de choque. En un país con juzgados saturados, acortar nueve meses de formación suena a gestión. En un país con la Justicia en el centro del combate político, suena también a bandera.
La derecha lo leerá como victoria de sentido común. La izquierda crítica, como caballo de Troya de un relato anti-Gobierno. El dato duro, de momento, es más seco: 295 diputados han dicho que esta reforma merecía entrar en la máquina parlamentaria. El resto se decide en el detalle… y en si el consenso sobre «más jueces» sobrevive cuando llegue la letra pequeña.