Bruselas no ha escrito un manifiesto. Ha contestado a una pregunta. Y con esa respuesta, la «prioridad nacional» de PP y Vox deja de ser solo eslogan de pacto y entra en el terreno donde duelen las leyes: el derecho europeo.

El comisario de Interior y Migración, Magnus Brunner —del PP europeo—, responde al eurodiputado de Compromís Vicent Marzà que las normas que fijen una prioridad nacional en prestaciones públicas y vivienda pueden contravenir el derecho comunitario si generan discriminación indirecta y no están justificadas ni son proporcionadas. Lo recogen hoy La Vanguardia, Levante-EMV y Cadena SER.

La clave no es un adjetivo. Es un número. Brunner recuerda la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE: los Estados no pueden imponer unilateralmente un requisito de residencia más largo que los cinco años del estatuto de residente de larga duración. Y añade que la no discriminación prohíbe también los atajos: criterios que, sin decir «extranjero», acaban colocando a no nacionales en peor fila.

Diez años en el boletín, no solo en el mitin

En la Comunitat Valenciana el debate ya no es teórico. A finales de julio, PP y Vox aprobaron la ley de acompañamiento de los presupuestos que permite desarrollar reglamentariamente la prioridad nacional en vivienda pública y servicios sociales. Para nuevas inscripciones como demandante de vivienda protegida en régimen de compra se fija un mínimo de diez años de empadronamiento histórico en algún municipio de la Comunitat y de España, de forma continuada o interrumpida.

Diez no es cinco. Y cinco es el listón que Bruselas señala como techo unilateral. Compromís ha vuelto a preguntar a la Comisión, ahora sí con la ley valenciana encima de la mesa. Joan Baldoví anuncia que incorporará la respuesta europea a la denuncia ante el Defensor del Pueblo y pide anular los artículos. El PSPV, por boca de José Muñoz, exige retirar la medida y rechaza el truco retórico de llamar «arraigo» a lo que la ley etiqueta como prioridad nacional.

Llorca: el debate es «estéril»

El president Juanfran Pérez Llorca no se mueve. Dice que el debate le parece «estéril», que no se arrepiente «de nada» del pacto presupuestario con Vox y que, de alcalde, ya vio ordenanzas que priorizan a quien lleva más tiempo empadronado. Equiparar una ordenanza municipal de baremo con una ley autonómica de diez años no es un detalle técnico: es la defensa política del día.

Vox, con José María Llanos, niega ilegalidad y se aferra a baremación por arraigo, economía familiar, escolarización y cotizaciones. El PP valenciano habla de «malentendido» y cita requisitos de empadronamiento en municipios socialistas. Puede haber arraigo legítimo en una lista de espera. Otra cosa es convertir el acceso a un derecho social en un filtro de pertenencia de década completa mientras Bruselas avisa del choque con la igualdad de trato.

No es solo València

La pregunta de Marzà nació mirando a Aragón, donde el proyecto iba en la misma dirección. Y en Castilla y León, según el radar de elDiario.es de este martes, Mañueco sostiene que mantendrá la prioridad nacional en ayudas pese al aviso europeo, en línea con el compromiso con Vox. El mapa se repite: donde PP necesita a la extrema derecha para gobernar, el eslogan baja al BOE autonómico.

Lo que está en juego no es un matiz de redacción. Es si la vivienda protegida y las ayudas se reparten con reglas europeas de no discriminación o con un cordón de residencia que deja fuera a quien llegó más tarde, aunque pague impuestos, lleve papeles en regla o sea residente de larga duración. Bruselas no ha tumba do aún ninguna ley en el Tribunal. Ha dejado el aviso por escrito. Y Llorca ha contestado que el debate le sobra.

En precampaña del 29-N, la derecha vende frontera y cola preferente. La izquierda debería hacer algo más simple y más duro: recordar que un piso público no es un carné de club, y que cuando el comisario del PP europeo avisa de discriminación indirecta, el problema no es «Bruselas contra España». Es una mayoría autonómica jugando con derechos sociales como si fueran botín de pacto.

Fuentes y contexto