Hay un dato que duele y otro que obliga. Duelen los 800 pisos de salida. Obliga la frase de Sánchez: el mercado está «roto» y «dislocado». Si el acceso a un techo se ha convertido en lotería de nómina y aval familiar, el Estado no puede quedarse mirando el Idealista como quien mira un incendio desde la acera.
El lunes el Gobierno estrenó el portal de Casa 47, la entidad estatal de vivienda y suelo. Moncloa y la cobertura de El Mundo, ABC/EFE, Antena 3 e Infobae coinciden en lo gordo: oferta inicial en torno a 800 viviendas de alquiler asequible y promesa de sumar «muy pronto» unas 1.500 más. Precios reportados entre unos 350 y 1.066 euros al mes. Plazo de solicitud, en la mayoría de lotes, hasta el 21 de septiembre.
La lectura de izquierdas no es que 800 sean suficientes. Es que por fin hay un mostrador público donde pedir piso sin pasar por el peaje de un fondo. Sánchez lo dijo sin anestesia: hacen falta «alquileres realistas para salarios reales». Isabel Rodríguez, según Infobae, habla de cambiar «las reglas del juego». Se podrá discutir el tempo; lo que no cuela es fingir que el mercado libre, solo, ha funcionado para quien cobra mil y pico.
El mapa, eso sí, es incómodo. El desglose periodístico sitúa viviendas en Asturias (18), Cataluña (93), Castellón (157), Valencia (91), Alicante (153), Navarra (34) y Galicia (99). No aparece oferta en Madrid ciudad ni en Barcelona ciudad. Andalucía, según reportes de la Junta recogidos por agencias y ABC, también arranca a cero. Quien viva de alquiler en Chamberí o en Gràcia tiene derecho a preguntar: ¿y yo?
Respuesta honesta: la escala todavía no llega. Mentira interesada: por eso no hay que intervenir. Un portal con sorteo ante notario, requisito de no tener vivienda en propiedad y topes de renta —como el ejemplo de Valencia de ~49 m² a 350 € con ingresos hasta ~28.000 €, o el de cuatro dormitorios por encima de 1.000 € con tope ~63.000 €— es política de vivienda, no marketing vacío. Es poco. Es tarde. Pero es dirección.
Sánchez aprovechó para cargar contra el «aticazo» de más de seis millones atribuido al entorno institucional madrileño. Es golpe retórico, no sentencia judicial. Sirve, eso sí, para recordar una asimetría moral: mientras se discuten 800 alquileres asequibles, el relato de la derecha suele ser suelo, desregulación y paciencia. La paciencia se le ha acabado a quien destina la mitad del sueldo a no quedarse en la calle.
El Gobierno dice que el parque de Casa 47 quedará blindado de forma permanente, fuera de la privatización que en décadas pasadas convirtió VPO en producto de fondos. Si se cumple, es la diferencia entre un anuncio y una infraestructura. Si no se cumple, será otro titular de portal y otra generación pagando habitaciones.
Desde aquí la exigencia es dual. Más stock donde duele —Madrid, Barcelona, Málaga, costa tensionada— y más ritmo. Pero no se tira a la basura el primer buscador público porque todavía no cubre toda la geografía del drama. El mercado no se autorregula hacia la dignidad. A veces hay que empujarlo con llaves públicas.