Ceuta: carpas en el puerto para salir del barro… y una autocrítica que llega tarde

Ceuta no necesita más teatro de frontera. Necesita techo, filiación y una política que no deje a la gente en la playa del Trampolín como si el derecho fuese un adorno. Este fin de semana el Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, firmó una orden al amparo del artículo 73.3 de la Ley de Puertos del Estado para tomar el control del puerto ceutí y autorizar a Inclusión a instalar carpas de acogida temporal.

La medida llega con rechazo local potente: vecinos, la Autoridad Portuaria —que votó en contra por 11 a 4— y la patronal. Solo los cuatro representantes del Estado en el consejo respaldaron ceder el terreno. El Gobierno, aun así, ha empezado a acondicionar unos 16.000 metros cuadrados en la Ampliación de Poniente para realojar a más de un millar de personas que siguen en calle o en campamentos improvisados.

Ángel Víctor Torres lo ha dicho sin rodeos en TVE: las carpas son “infraestructuras temporales”, casetas que se desmontarán cuando los migrantes “sean devueltos”. Su argumento operativo es claro: cuanto antes se filíe, antes se puede tramitar el retorno; y si se quiere sacar a la gente de las playas, hacen falta ubicaciones. No es poesía humanitaria. Es gestión de crisis con un piso mínimo de dignidad y con la legalidad de extranjería encima de la mesa.

Torres recuerda además que las parcelas del puerto y de la zona de La Reina entraron en un real decreto aprobado por unanimidad en el Consejo de Seguridad Nacional y el Comité de Situación, con presencia del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. El choque posterior del consejo portuario, con informes técnicos en contra cuando las obras ya arrancaban, dibuja una ciudad agotada… y una oposición local que a veces confunde veto vecinal con política de Estado.

En paralelo, Sira Rego ha hecho algo poco habitual en la cadena de mando: admitir “una parte de responsabilidad” del Gobierno en el “desborde extraordinario” de Ceuta. En Radio 5 reconoció que la coordinación “tendría que haber sido más eficiente, o más rápida”, y habló de autocrítica. Llega tarde para quien lleva semanas viendo colapsos, pero llega. Y desmonta el relato de que todo el problema es solo “la ciudad” o “la oposición”.

Rego ha cargado el acento donde más duele al PP: pide que Ceuta firme el traslado de 500 menores a la Península porque “las plazas están habilitadas” y las financia el Estado. Rechaza la expulsión masiva de menores como “ilegal e inhumano” y recuerda que el procedimiento debe ser individual, niño a niño, bajo el interés superior del menor. También reclama solidaridad a las comunidades del PP. Aquí el progressive frame no es ingenuo: sin reparto, Ceuta se convierte en depósito y el derecho de infancia en eslogan.

Queda la tensión de fondo con Marruecos y con la judicialización de la crisis. Torres pide rigor y no convertir conjeturas en política exterior; Vivas prepara agenda en Bruselas el martes con el comisario Magnus Brunner y la comisaria Dubravka Suica. Europeizar el drama puede servir para recursos… o para externalizar la bronca. Mientras tanto, en el muelle de Poniente, la pregunta práctica sigue siendo la misma: ¿se filía y se acoge con orden, o se gobierna a golpe de no en cada solar?

La izquierda que no quiera regalar la frontera al discurso de la expulsión total tiene que defender a la vez dos verdades: la ciudad no puede vivir secuestrada por un desborde permanente, y las personas —sobre todo menores— no son mobiliario molesto. Las carpas no arreglan la diplomacia. Pero sacar a mil personas de la intemperie mientras se tramita no es “efecto llamada”: es Estado mínimo decente.