Bruselas no ha inventado un escándalo casero. Ha sacado la libreta de deberes.
El viernes 25 de septiembre, la Comisión Europea anunció un procedimiento de infracción contra una veintena de Estados miembro —España incluida— por no haber cumplido del todo, y a tiempo, la reforma de la directiva europea de prevención y lucha contra la trata de seres humanos y de protección de las víctimas. El plazo para traspasar la norma al derecho interno y notificarlo a Bruselas vencía en julio. Ahora el reloj marca dos meses para corregir el desajuste.
Eso, en lenguaje de la UE, es el primer escalón: diálogo, carta de emplazamiento, presión administrativa. Si el agujero sigue abierto, puede llegar un dictamen motivado. Y si tampoco, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. No es condena todavía. Es aviso con fecha.
No es un retraso inocente
La reforma no es cosmética. Se pactó en 2024 entre los Veintisiete y la Eurocámara. Endurece el marco penal, refuerza las herramientas para investigar y perseguir formas nuevas de explotación —también las que viven en Internet— y obliga a mejorar la asistencia a las víctimas.
Los Estados tienen que montar un mecanismo nacional de derivación, nombrar un punto de contacto para la derivación transfronteriza, designar coordinadores nacionales contra la trata y mantener planes de acción nacionales al día. Traducción para quien no vive de los boletines: alguien tiene que saber a dónde va una víctima, cómo se le protege y cómo se coordina con otro país cuando la red cruza fronteras.
Además, la revisión mete en el saco de la trata tipificaciones que muchos debates nacionales prefieren aparcar: matrimonio forzado, adopción ilegal y gestación subrogada «con fines de explotación» —cuando la mujer es coaccionada o engañada para gestar—. Y otra pieza de peso: perseguir penalmente, en toda la Unión, a los clientes que, sabiendo que la persona es víctima de trata, contraten servicios de prostitución con ella.
España no está sola… y eso no consuela
La lista es larga: Bélgica, Chequia, Alemania, Irlanda, Grecia, Francia, Chipre, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Austria, Polonia, Rumanía, Eslovenia, Eslovaquia, Finlandia, Suecia… y España. El club del retraso no es un honor.
Desde la izquierda conviene decirlo sin teatro: si se habla de liderazgo europeo en derechos, de feminismo de Estado y de protección de las más vulnerables, llegar tarde a la letra de la trata es un boquete político. Las redes no esperan a que el BOE recupere el ritmo. Las víctimas tampoco.
Tampoco sirve el truco de “es solo un expediente técnico”. Los expedientes técnicos son, precisamente, el sitio donde se decide si una promesa de derechos se convierte en policía, fiscalía, juzgado y recurso real… o se queda en rueda de prensa.
Qué no dice (todavía) el aviso
Las fuentes de agencia y medios que recogen el comunicado no detallan, pieza a pieza, qué artículo concreto de la transposición española falta o qué laguna ha medido Bruselas en cada capital. Afirmar eso sería inventar. Lo que sí está claro es el marco: transposición incompleta o no notificada a tiempo, plazo de dos meses, y un camino que puede acabar en Luxemburgo si el diálogo falla.
El Gobierno tendrá que responder con hechos: calendario legislativo, mecanismos de derivación operativos, coordinadores y planes vivos. No con narrativa. Porque cuando la Comisión saca la cartilla de la trata, el debate deja de ser abstracto: o se protege a quien es explotado, o se negocia el retraso mientras las redes siguen facturando.