427 días de molicie: Bolaños acusa al CGPJ de blindar a Peinado hasta la jubilación

Hay relojes que marcan la hora y relojes que marcan el poder. El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha vuelto a golpear la mesa del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un recurso de alzada: acusa al sector conservador de haber ralentizado durante meses sus quejas contra el juez Juan Carlos Peinado —instructor del caso de Begoña Gómez— hasta convertir la jubilación del magistrado en una vía de «impunidad».

No es un tuit de bronca. Es un escrito formal contra la decisión del órgano de gobierno de los jueces de denegarle el acceso al expediente completo de esas quejas. Según el ministro, esa negativa le deja en «indefensión real y efectiva» porque le impide acudir a otras instancias con todos los papeles encima de la mesa.

427 días de espera y una prisa repentina

El núcleo del argumento es el contraste de tempos. Bolaños sostiene que un expediente de «escasa complejidad» permaneció 427 días —más de catorce meses— sin que los vocales del grupo conservador de la Comisión Permanente le dieran la menor urgencia. En el recurso, según Europa Press y elDiario.es, los describe «abandonados a la molicie».

Y entonces cambia el ritmo: cuando la jubilación del denunciado es «próxima e inmediata», el mismo asunto pasa a resolverse a toda pastilla. El primer recurso de alzada del ministro, cuenta elDiario.es, se analizó y se rechazó en apenas 18 días. Peinado se jubila este domingo al cumplir 72 años; este viernes era su último día en activo.

«La radical disparidad entre los tiempos de tramitación solo admite, en apariencia, dos posibles explicaciones: o la tramitación de la denuncia del Sr. Peinado fue demorada innecesariamente durante más de catorce meses, o mi recurso ha sido objeto de una aceleración extraordinaria para ser resuelto en unos días», dice el escrito, según la crónica de elDiario.es.

Corporativismo, reserva y papeles ocultos

Bolaños no se queda en la queja de calendario. Afirma que durante meses se toleró una parálisis que «favorecía objetivamente» que la jubilación se convirtiera en factor de impunidad. Aunque no afirma probar una intención oculta, sí dice que la cronología proyecta «justamente esa apariencia» y que alimenta la percepción de un «corporativismo nocivo» incompatible con la confianza ciudadana en el control disciplinario de la Justicia.

En el fondo del recurso, el ministro tacha de «espigueo normativo» y «régimen híbrido» la argumentación del CGPJ para bloquear la entrega del expediente. El Promotor de la Acción Disciplinaria alegó que las diligencias informativas son trámites «reservados». Bolaños responde que esa reserva protege al juez frente a la opinión pública, no frente al denunciante.

El detalle que más duele en Moncloa y Justicia: sin esos documentos, dice, no se puede verificar una fecha clave —cuándo tuvo el juez conocimiento exacto de la denuncia en su contra—, que según el ministro fue días antes de elevar una exposición razonada al Supremo para intentar imputarle a él mismo.

Lo que está en juego (y lo que no)

Lo que hay encima de la mesa no es una sentencia sobre Begoña Gómez ni un veredicto sobre Peinado. Es una pelea por el control disciplinario, la transparencia del expediente y el mensaje político: ¿puede el Gobierno denunciar a un juez y quedarse sin ver el expediente completo mientras el reloj de la jubilación corre?

Desde el marco de la mesa de izquierda, la lectura es clara: si el órgano que debería vigilar a los jueces se toma 14 meses para mover un papel y se despabila solo cuando el magistrado se va a casa, el ciudadano no ve independencia; ve escudo. La apariencia de impunidad no es un adorno retórico: es el núcleo de la crisis de confianza que el propio ministro pone por escrito.

Lo que no se puede dar por hecho —y no lo damos— es que el CGPJ haya tramado un plan deliberado de impunidad, ni que el archivo o la denegación de acceso equivalgan a absolver de fondo las quejas. Eso lo dirán, si llegan, las resoluciones definitivas y los tribunales. Hoy el hecho duro es otro: Bolaños ha elevado un nuevo recurso, ha nombrado a los vocales conservadores, ha cuantificado 427 días de demora y ha pedido los papeles completos el mismo día en que Peinado cierra la carrera.

En política española, a veces el golpe no es una condena. Es un expediente cerrado a cal y canto mientras el reloj del despacho se apaga.