Este martes el Boletín Oficial del Estado ha hecho lo que un anuncio político no puede hacer solo: convertir el adelanto electoral en norma. El Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, disuelve el Congreso y el Senado elegidos el 23 de julio de 2023 y convoca elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026. Entra en vigor el mismo día de su publicación. A partir de aquí, el reloj no lo marca una rueda de prensa: lo marca la ley.
La pieza es corta y seca, como casi todos los decretos de disolución. Pero dentro hay un mapa completo de la cuenta atrás. La campaña oficial durará quince días: empieza a las cero horas del viernes 13 de noviembre y termina a las veinticuatro horas del viernes 27. El 23 de diciembre, a las diez de la mañana, las nuevas Cámaras se reúnen en sesión constitutiva. No es un detalle de protocolo: es la fecha en la que España vuelve a tener un Parlamento ordinario tras casi dos meses de legislatura disuelta.
Lo que el BOE cierra y lo que deja abierto
El decreto, expedido por el rey Felipe VI y refrendado por Pedro Sánchez, se ampara en el artículo 115 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General. Disuelve las Cortes. Fija 350 diputados y el reparto provincial —Madrid con 38 escaños, Barcelona con 32, Valencia con 16— y detalla también el Senado electivo. Y, sobre todo, pone fin a la duda de si el adelanto era un farol de negociación: el BOE no farolea.
Eso no significa que el Gobierno se haya apagado. Según el marco legal que recuerdan las crónicas de Europa Press, la disolución de las Cortes no convierte automáticamente al Ejecutivo en un Gobierno en funciones. El cese formal llega después de las elecciones. Mientras tanto, el Consejo de Ministros puede seguir aprobando reglamentos y, si acredita urgencia, reales decretos-leyes. Lo que se corta de raíz es la tramitación ordinaria de nuevas leyes en un Congreso y un Senado que ya no funcionan en plenos habituales.
En la práctica, el poder parlamentario residual pasa a las Diputaciones Permanentes. Es un matiz técnico con mucha política dentro: la mayoría de la Diputación del Congreso no es un calco exacto del pleno tumbero de los decretos de vivienda. El Gobierno lo sabe. La oposición también. Por eso el BOE de este martes no solo convoca urnas: reordena quién puede seguir apretando el botón de la excepcionalidad hasta el 29-N.
Un calendario para la calle y para los partidos
Desde hoy corre el plazo de 54 días de la LOREG hasta la jornada electoral. También se abre, con la propia convocatoria, el periodo para solicitar el voto por correo. El censo aplicable será el cerrado el 1 de agosto, con las reglas habituales de reclamaciones y con la sombra del litigio sobre la llamada ley de nietos en el CERA. Nada de eso es ruido de tertulia: son las reglas con las que se va a contar el país.
Desde la izquierda del mapa, el mensaje del decreto es doble. Primero: la legislatura se ha estrellado contra un Congreso que bloqueaba medidas de vivienda y otras agendas sociales, y la respuesta institucional es devolver la palabra a la ciudadanía. Segundo: el tiempo que queda no es un limbo vacío. Hay campaña corta, hay restricciones a la propaganda anticipada y hay un Ejecutivo que, según la ley, no queda congelado el mismo día del BOE.
Sánchez, en la declaración institucional del lunes, enmarcó el adelanto como una llamada a decidir entre seguir avanzando o entregar el país a una coalición de recortes. El BOE no opina. Solo fija fechas. Pero esas fechas cambian el tablero: quien quiera hablar de vivienda, salarios o derechos tendrá que hacerlo ya en clave de programa y de mayoría futura, no solo de decreto caído en el pleno.
Queda lo más difícil de traducir a un boletín oficial: la polarización del otoño. Hay huelga general sindical en el horizonte, hay acampadas y hay una oposición que empuja la pelea al terreno del censo y del voto postal. El Real Decreto 806/2026 no resuelve ninguna de esas tensiones. Solo dice cuándo se medirán. Y eso, en política española, a veces es la noticia más grande del día.
El 29 de noviembre no es ya una hipótesis de monclovita. Es un domingo escrito en el BOE. La campaña empezará el 13. Las Cortes nuevas se mirarán a la cara el 23 de diciembre. Entre medias, el país tendrá que decidir si la crisis de la vivienda y el bloqueo parlamentario se saldan con más de lo mismo o con un mandato distinto. El reloj institucional ya está en marcha.