«Traidor a los buitres»: el Estado ficha a Blackstone por 52 millones

«O se está con los buitres o con la gente». Lo dijo la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, para vender la votación de los decretos del viernes. La víspera, Pedro Sánchez afinaba el eslogan: le gusta ser «traidor a los fondos buitre». Bonito para el mitin. Incómodo cuando el Estado, por la puerta del banco malo, vuelve a poner la gestión de miles de pisos —incluidos sociales— en manos de Blackstone.

Según ha confirmado El Mundo, la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria), controlada por el Gobierno, ha cerrado con Aliseda, la gestora inmobiliaria de Blackstone en España, un contrato de gestión valorado en 52,45 millones de euros. El periodo arrancó el mes pasado y llega hasta diciembre de 2028, con posible prórroga hasta 2030. No hay gran rueda de prensa triunfal: hay comunicación interna a plantilla y firma ya cerrada en agosto, justo cuando Vivienda ultimaba su relato anti-fondos.

El buitre del discurso y el servicer del pliego

Blackstone no es un invitado nuevo en el imaginario de la izquierda del Gobierno. Sánchez lo señaló como fondo buitre al llegar al poder por sus compras de vivienda social. El grupo ha llegado a gestionar más de 30.000 pisos en España a través de filiales y se consolidó como gran casero tras la crisis financiera, con activos de cajas y de administraciones.

En el portal de contratación, sin embargo, el estigma se diluye. Aliseda no llega de sopetón: ya trabajaba para Sareb desde 2022 y ahora renueva y alarga el encargo. El consejero delegado Eduard Mendiluce suscribe una gestión «integral» de activos inmobiliarios de Sareb: venta o puesta a punto y traspaso a la empresa estatal Casa 47, adscrita al ministerio de Rodríguez. Comercializar viviendas, locales y suelos; gestionar alquileres; informes de impagos e inquilinos vulnerables; y también la «gestión de ocupaciones y posesiones».

Trabajará en paralelo con el otro gran nombre del concurso, Servihabitat (hoy ligado al fondo Hipoges / Pollen Street Capital, con impugnación aún pendiente en octubre), para sacar adelante las más de 40.000 viviendas reservadas por Sareb para su traspaso a Casa 47 y dejarlas habitables. El pliego dice que actúan «siguiendo instrucciones de Sareb». O sea: no son dueños del relato político, pero sí manos operativas del parque que el Gobierno vende como bandera pública.

Consejo de Administración, no asamblea de Sol

La última versión oficial del concurso situaba a Aliseda y Servihabitat con la mejor puntuación, a falta del visto bueno del Consejo de Administración. Ese consejo, bajo la órbita del ministerio de Carlos Cuerpo, ya ha autorizado el de Blackstone. El de Servihabitat sigue condicionado por la impugnación. Mientras en el Congreso se pelea el eslogan del decreto anti-fondos, en la sala de juntas se adjudica continuidad técnica a quien sabe mover el ladrillo del banco malo.

No es un detalle menor. Casa 47 necesita pisos listos, no sermones. Sareb necesita liquidar y traspasar sin que se le pudra la cartera. Y el mercado residencial español, como recuerda el propio Blackstone en su informe anual citado por la prensa, sigue tensionado: se construye una fracción de lo que se levantaba en el boom (del orden de 118.700 viviendas al año frente a más de 700.000 en 2003-2007), con proyección de más demanda poblacional. Quien gestiona escasez gestiona precio. Quien arenga sin oferta gestiona enfado.

La hipocresía no es un adorno: es política de vivienda

Se puede debatir si un servicer profesional es inevitable para mover decenas de miles de activos. Se puede admitir que el Estado no tiene un ejército de gestores de alquiler listos en la recámara. Lo que no cuela es el doble canal: micro abierto contra buitres y contrato cerrado con el buitre más nombrado. Eso no es traición épica al capital. Es marketing con factura.

El contraste con la pyme que protagonizó el desahucio de Maricarmen es casi cruel: Urbagestión pesa poco al lado de un gigante que, además, sigue invirtiendo en España (participaciones industriales, data centers, hoteles). Blackstone niega irregularidades y ha reducido peso propietario en vivienda, pero sigue siendo actor relevante. Y el Gobierno, que necesita parque público y titulares de combate, lo reincorpora al circuito estatal porque le resuelve la fontanería.

Para la mesa de la derecha el diagnóstico es tosco y verificable. Si el problema de la vivienda fuera solo “los fondos”, no se les encargaría preparar el traspaso a Casa 47. El problema de fondo es otro: ocho años de gesticulación con oferta insuficiente, decretos que caen en el Congreso y un Estado que externaliza la fontanería a quien mejor sabe cobrar por gestionar escasez. Se puede estar con la gente. Se puede contratar a Blackstone. Lo que no se puede es gritar lo primero mientras se firma lo segundo y pretender que nadie sepa leer un pliego.