Begoña Gómez no ha esperado al estrado para decir lo que quiere que se oiga primero: pide ser absuelta. En su escrito de defensa, al que ha tenido acceso Europa Press, sostiene que no actuó “con ánimo de enriquecerse”, que “no se apropió” del software de la Universidad Complutense de Madrid y que tampoco lo destinó a usos privados.
El marco importa. La esposa del presidente del Gobierno se enfrenta a un juicio con jurado popular por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias. La acusación popular que lidera Hazte Oír reclama 13 años de prisión. El juez Juan Carlos Peinado, al cerrar la instrucción, la envió al banquillo junto a su asistente, Cristina Álvarez.
Hasta aquí, el ruido. El papel de la defensa intenta bajar el volumen a hechos concretos y a una tesis simple: no hubo botín.
La cátedra, el dominio y el “no me lo quedé”
Gómez explica el dominio web de la cátedra como un instrumento técnico, pagado con fondos personales, creado “en el contexto de las indicaciones” de la UCM. Según su versión, la universidad no ofrecía un cauce operativo para registrarlo y la plataforma tecnológica aún no estaba lista. Por eso, dice, actuó de forma “funcional y provisional”: para que nadie se quedara con el dominio antes de que el proyecto pudiera formalizarse a nombre de la Complutense.
“La plataforma tecnológica siempre se ha concebido como propiedad de la UCM”, afirma. Y añade que el registro se hizo con conocimiento de la universidad, pensando en un máster propio con identidad digital propia para divulgarlo.
Si se acepta ese relato, el caso deja de parecer un saqueo de recursos públicos y se parece más a un lío administrativo de marca y dominio hinchado hasta convertirlo en causa penal. Eso no lo decide un titular: lo decidirá el jurado. Pero la defensa se agarra ahí con las dos manos.
Antes de Moncloa, ya estaba en la UCM
Otro eje del escrito es cronológico. Gómez dice que colaboraba con la Complutense desde 2012, mucho antes de que Pedro Sánchez llegara a la presidencia. También recuerda que para dirigir cátedras extraordinarias o impartir en títulos propios no se exige, en su tesis, una titulación universitaria superior, porque no son títulos oficiales.
Niega haber influido o ejercido “presión moral” sobre el rector Joaquín Goyache, sobre el entonces vicerrector Juan Carlos Doadrio o sobre cualquier autoridad “aprovechándose de su vínculo matrimonial” para lograr la cátedra. La reunión en el Palacio de la Moncloa, dice, se explica por el cierre de dependencias universitarias durante la COVID-19.
Sobre el dinero, la defensa pone un techo: como colaboradora externa, sus ingresos docentes entre 2012 y 2024 no superaron los 15.000 euros brutos anuales. Y sobre la cátedra extraordinaria, el abogado Jaime Campaner sostiene que no le reportó beneficio económico y que la desempeñó gratis durante cuatro años.
La asistente y la costumbre de Estado
El otro banquillo es el de Cristina Álvarez. Gómez la describe como apoyo para coordinar lo institucional, lo familiar, lo privado y lo profesional. El argumento es político y de oficio a la vez: las esposas de los presidentes del Gobierno, dice, hacen funciones institucionales no retribuidas y, por costumbre democrática, necesitan personal eventual de apoyo.
elDiario.es recoge, además, que en esa línea de defensa se alude a memorias y precedentes del entorno de otras cónyuges de presidentes —incluida Ana Botella— para normalizar el papel del asistente. La idea de fondo es clara: no convertir en delito lo que el sistema ha tratado como infraestructura del cargo.
Qué se juega de verdad
Este caso no es solo un juicio a una persona. Es un termómetro de hasta dónde llega la pelea por la Moncloa por vía penal. Hazte Oír no es un fiscal ordinario: es una acusación popular con agenda. Eso no limpia a nadie automáticamente. Pero sí obliga a mirar con lupa qué parte de la causa es prueba y qué parte es trinchera.
La defensa de Gómez hace lo que tiene que hacer cualquier acusado con recursos y con un relato: pedir la absolución, negar el lucro, negar la apropiación y negar el enchufe. El juicio dirá si ese relato aguanta. Mientras tanto, lo que ya está sobre la mesa no es una condena: es una batalla de marcos antes de que hable el jurado.
Y en política española, a veces el marco llega antes que la sentencia. Por eso este escrito importa hoy, aunque la última palabra no sea de un comunicado, sino de un veredicto.