La Puerta del Sol ya no es solo una protesta de tiendas de campaña. Es un pulso de poder a cielo abierto entre la Comunidad de Madrid y la Delegación del Gobierno. Y este miércoles el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha puesto el reloj en marcha: quedan 24 horas para que el delegado Francisco Martín ordene el desalojo. Si no, la Comunidad dice que irá a los tribunales.
El portavoz regional, Miguel Ángel García Martín, lo ha dicho sin adornos tras el Consejo de Gobierno celebrado, precisamente, en la Real Casa de Correos: la plaza está “okupada de manera ilegal” desde el sábado y Madrid “no se merece un delegado que prefiere proteger una ocupación ilegal antes que el interés de todos los madrileños”.
De la protesta a la ocupación permanente
El campamento nació el 26 de septiembre, al calor de la movilización por vivienda tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años. El derecho a reunirse y a gritar en Sol no está en discusión constitucional. Lo que discute la Comunidad es otra cosa: cuando la concentración se convierte en acampada fija durante días, con impacto sobre el kilómetro cero, el comercio, los visitantes y la sede de la Presidencia regional —Bien de Interés Cultural—, deja de ser un mitin y empieza a parecer una toma del espacio público.
El martes ya hubo requerimiento con plazo de 48 horas. El miércoles el mensaje se endurece: 24 horas, recurso contencioso-administrativo por “inactividad” y “dejación de funciones” si no hay orden de desalojo, e incluso la sombra de la vía penal por un presunto delito de prevaricación. Es una amenaza política y jurídica; no una sentencia. Pero dibuja el marco: para Ayuso, la Delegación no está arbitrando derechos, está eligiendo bando.
El portavoz ha usado la comparación que más duele en Moncloa: si las tiendas se plantaran frente a La Moncloa o en Ferraz, “no hubiera permitido ni una sola”. También ha puesto sobre la mesa pintadas amenazantes, actos vandálicos y la seguridad de quienes trabajan a metros de la acampada. Se puede debatir el tono. Cuesta más debatir que una plaza central no es un camping indefinido.
El viernes, el Congreso en el punto de mira
El reloj no solo corre hacia el desalojo. Corre hacia el pleno extraordinario del viernes, cuando el Congreso vota los decretos de vivienda. Según ABC, los acampados —con el Sindicato de Inquilinas como principal muñidor, aunque no el único— preparan un nuevo Rodea el Congreso para “presionar” a los diputados. La Policía Nacional, siempre según esa cobertura, trabaja con un dispositivo de entre 500 y 600 antidisturbios de la UIP.
Ahí se ve el salto de escala. Protestar por vivienda es legítimo. Convertir el entorno del Parlamento en un embudo de acoso el día de la votación es otra película: la Ley de Seguridad Ciudadana prohíbe expresamente ciertas formas de concentración ante el Congreso precisamente para que la Cámara no legisle bajo intimidación de calle. Se puede estar a favor de más alquiler asequible y, a la vez, exigir que las leyes no se negocien a base de tiendas y cordones humanos.
Como contrapeso tenebroso del mismo tablero, la misma información policial señala que Núcleo Nacional —extrema derecha— avisa de que quiere acudir el sábado a “reventar” la protesta. Más razón, no menos, para que la autoridad competente recupere el control del espacio público antes de que Sol se convierta en un campo de batallas rivales.
Quién manda en la plaza
El lío de competencias es real: el derecho de reunión, la seguridad ciudadana y el mantenimiento del orden en una plaza de esta magnitud atraviesan Delegación del Gobierno, Policía Nacional y, en la práctica política, el choque con Ayuntamiento y Comunidad. Pero esa complejidad no puede ser la excusa eterna para no decidir. O la acampada es una reunión pacífica acotada en el tiempo, o es una ocupación de hecho. Pretender que sea las dos cosas a la vez es lo que está dejando el kilómetro cero en tierra de nadie.
La Delegación, según ha publicado ABC, se resiste al desalojo. El Gobierno regional prepara el contencioso y eleva el tono. En medio, comerciantes, trabajadores de la Casa de Correos y vecinos del centro pagan el peaje de una crisis de vivienda que se libra —también— como espectáculo de fuerza.
La derecha madrileña lo resume en una frase de orden: sin reglas, la protesta se come la ciudad. El test es inmediato. O el delegado ordena recuperar Sol, o la Comunidad llevará el conflicto a los juzgados y el viernes el Congreso votará con la plaza convertida en campamento de presión. En ambos casos, lo que está en juego no es solo una tienda de campaña: es si el Estado hace cumplir la ley en el centro simbólico de la capital o la externaliza a la calle.