Mientras Moncloa diseña la campaña del 29-N y la calle grita alquiler imposible, Isabel Díaz Ayuso ha puesto sobre la mesa una receta clásica de la derecha liberal madrileña: bajar impuestos a quien compra. No a quien okupa el relato. A quien firma ante notario.
En un desayuno de Nueva Economía Fórum, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció dos rebajas fiscales para menores de 40 años que adquieran su vivienda habitual. Irán en los Presupuestos regionales de 2027, cuyo proyecto de ley el Consejo de Gobierno prevé aprobar en octubre. No son un tuit: son tipos impositivos y un ahorro estimado de 116 millones de euros al año.
Qué baja, cuánto y para quién
Primera medida: el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP/TPO) en vivienda de segunda mano destinada a residencia habitual pasa del 6% al 4%, con tope de valor de 450.000 euros. Según los cálculos del Ejecutivo autonómico, es el grueso del ahorro: unos 114 millones, cerca de 40.000 beneficiarios y una media de casi 3.000 euros por persona (Europa Press habla de unos 2.850 de media).
Ejemplo que ha circulado en las crónicas: una operación de 300.000 euros pagaría 12.000 euros de ITP al 4%, frente a 18.000 al 6%. Seis mil euros de diferencia en un solo impuesto. Ayuso lo ha comparado con comunidades donde el tipo es mucho más alto —en el relato institucional, Cataluña aparece como contraste de 30.000 euros en un escenario de tipos más gravosos—.
Segunda medida: el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD) en vivienda nueva baja del 0,75% al 0,4%. Ahorro previsto: 2,1 millones anuales para unos 4.200 jóvenes madrileños. Es menos volumen, pero cierra el círculo compra usada / compra nueva.
Ambas bonificaciones buscan equiparar el tratamiento de los compradores jóvenes con el que ya tienen las familias numerosas en Madrid. Condición clave: vivienda habitual. No es un regalo genérico al inversor de fin de semana; el anuncio lo acota a quien se instala.
El marco que defiende la derecha
Ayuso lo ha dicho sin rodeos: políticas “liberales y abiertas”, lo contrario de lo que, a su juicio, promueve Moncloa. El portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, lo ha resumido en eslogan de campaña permanente: “más vivienda, menos impuestos y más libertad”. La tesis es simple y popular entre quien ahorra para una entrada: si el Estado (o la comunidad) se queda con menos en la compraventa, sobra más liquidez para formalizar la operación.
El momento no es casual. España lleva semanas de protestas por la vivienda, el Congreso tumbó el viernes los decretos del Gobierno y Sánchez ha convocado generales. En ese ruido, Madrid ofrece un contraste: no más controles de renta ni más papeles de prórroga, sino menos fricción fiscal al acceso a la propiedad para menores de 40.
Lo que dice la oposición (y lo que no borra el anuncio)
Más Madrid, por boca de Manuela Bergerot, ve la rebaja corta y pide bajar el ITP al 2% en primera vivienda, subiendo el tipo de forma disuasoria a quien acumula pisos para especular. El PSOE madrileño, con Mar Espinar, lo tacha de “anuncio electoral” que “el común de los mortales no huele”. Vox saluda bajar impuestos, pero arrastra el debate a fronteras e inmigración. Son críticas previsibles. No anulan el dato central: hay tipos concretos, hay tramos de edad y hay una cifra de impacto presupuestario.
Tampoco conviene vender milagros que el brief no sostiene. La rebaja no fija el precio de mercado ni sustituye la entrada del banco. Quien no llega a comprar, no cobra el ITP rebajado. Eso es verdad. La respuesta de la derecha no es fingir que un tipo impositivo construye pisos por arte de magia; es insistir en que castigar fiscalmente la compra no ha abaratado el alquiler ni ha llenado el parque asequible, y que facilitar la operación a quien sí puede dar el paso es una palanca legítima.
Del anuncio a la ley
Falta el trámite: proyecto de Presupuestos 2027, paso por el Consejo de Gobierno en octubre y negociación en la Asamblea. Hasta que no quede negro sobre blanco, es compromiso político con números encima de la mesa, no norma en vigor. Pero el mensaje ya está lanzado en plena semana de disolución nacional: Madrid compite por atraer y retener a compradores jóvenes con fiscalidad, no solo con eslóganes de campaña.
En un país que discute si la vivienda se arregla con más Estado o con más mercado, Ayuso ha elegido bando con claridad. La pregunta útil no es si suena a electoral —todo suena a electoral con el 29-N encima—. La pregunta es si un joven que compra un piso de 300.000 prefiere pagar 18.000 o 12.000 de transmisiones. La Comunidad de Madrid ya ha dicho qué respuesta quiere dar.