Impuestazo energético: la Audiencia Nacional frena el cobro de 152,4 millones a Repsol (y esto no ha terminado)

La épica fiscal del Gobierno acaba de tropezar con un obstáculo incómodo: los tribunales. La Audiencia Nacional ha acordado suspender de forma cautelar el pago de 152,4 millones de euros que Hacienda reclamaba a Repsol por el gravamen temporal energético de 2023, según informaron el pasado 4 de agosto varios medios. Traducido a román paladino: la petrolera no ingresa esos 152,4 millones en las arcas públicas… por ahora.

Y ese «por ahora» conviene subrayarlo en rojo, porque aquí el matiz lo es todo. Esto no es una sentencia. No significa que Repsol haya ganado el pleito, ni que el impuesto sea ilegal, ni que ningún tribunal haya anulado el gravamen. Una medida cautelar es justo lo que su nombre indica: un aparcamiento provisional. El tribunal congela el cobro mientras resuelve el recurso de la compañía, para que, si dentro de un tiempo le diera la razón, esa razón sirva de algo y no llegue cuando la ejecución ya está consumada.

Qué ha pasado, sin ruido

La decisión se apoya en dos ideas que entiende cualquiera sin necesidad de ser fiscalista. La primera: la deuda está garantizada con un aval bancario. O sea, el dinero no se volatiliza. Si Repsol acaba perdiendo, Hacienda cobra igual, con sus intereses y sin sobresaltos. La segunda: obligar a pagar ahora para, quizá, tener que devolverlo después vaciaría de sentido el propio recurso. Suspender la ejecución evita ese absurdo. No es un regalo a la petrolera; es sentido común procesal, del que a veces anda escaso el debate público.

El gravamen, recordemos, nació a finales de 2022 al calor de la crisis energética, con carácter extraordinario y temporal, y empezó a pasar factura en 2023. La idea que vendió el Ejecutivo era tan sencilla como poderosa: las energéticas ganaban dinero a espuertas mientras las familias temblaban con el recibo de la luz, así que tocaba arrimar el hombro. Épica pura. Justicia social envasada para el telediario.

El problema no es Repsol, es cómo se legisla

Y aquí entra la mala leche, pero de la fina. Que nadie llore por Repsol: no es una viuda desamparada, sino una multinacional con beneficios de sobra y un ejército de abogados para pelear cada euro. Faltaría más. El problema no es que una gran empresa recurra —está en su derecho—, sino lo que este frenazo judicial deja al descubierto sobre la manera de gobernar a golpe de titular.

Cuando se legisla con la calculadora de la recaudación en una mano y el símbolo político en la otra, señalando a sectores concretos porque quedan bien en el mitin, pasa lo que pasa: que los tribunales entran a mirar la letra pequeña. Un impuesto diseñado para durar dos telediarios y para castigar a unos cuantos con nombre y apellido es, por definición, terreno resbaladizo. Y lo resbaladizo, en Derecho, se acaba pagando en incertidumbre.

No hace falta invocar ninguna conspiración ni acusar a nadie de prevaricar —no va por ahí— para ver el patrón. Basta con constatar que la política fiscal no puede escribirse como se escribe un tuit, con la vista puesta en el aplauso de esta tarde y no en el examen de dentro de dos años.

Porque esa es la palabra que el Gobierno prefiere no pronunciar: seguridad jurídica. No es una monserga de tecnócratas ni una excusa de las eléctricas. Es la garantía de que las reglas del juego no cambian según sople el viento electoral. Cuando una empresa —cualquiera, no solo las grandes— no sabe si el tributo que hoy le exigen seguirá en pie mañana, invierte menos, contrata con más miedo y calcula con más recelo. Y ese coste, aunque no salga en ningún titular, lo terminamos pagando todos.

Lo que está en juego (y lo que no)

Seamos honestos con lo que este auto significa y con lo que no. No significa que el impuestazo esté muerto: el fondo del asunto sigue vivo y colea, y la Audiencia Nacional tendrá que pronunciarse sobre si el gravamen se ajusta o no a Derecho. Puede acabar dándole la razón a Hacienda por completo. Nadie ha ganado nada definitivo; simplemente se ha pulsado el botón de pausa.

Pero como aviso a navegantes, el episodio es elocuente. El relato de que basta con etiquetar un impuesto de «justo» para blindarlo choca con una realidad tozuda: los tributos, por muy simpáticos que suenen, tienen que aguantar el examen de los jueces. Y si se aprueban con prisas, con vocación de arma arrojadiza y con fecha de caducidad escrita en la exposición de motivos, ese examen se complica.

Al final, la factura de la improvisación fiscal no la paga el ministro de turno que se apuntó el tanto en rueda de prensa. La pagan la recaudación que se retrasa, el clima de inversión que se enfría y, en última instancia, el contribuyente y el consumidor, que suelen ser los mismos de siempre. Convertir la épica en incertidumbre sale caro. Ojalá alguien tome nota antes del próximo impuesto con apellido.