Asilo con trampa: Interior quiere devolver al «violento» aunque pida protección en Ceuta

En Ceuta no solo se mueven autobuses y cordones policiales. También se mueve el papel fino del asilo. El proyecto de real decreto ley al que ha tenido acceso Europa Press —aún pendiente de Consejo de Ministros— quiere permitir devolver a personas que ya han pedido protección internacional si Interior las considera un «peligro para el orden público o la seguridad nacional». La etiqueta no es abstracta: el texto apunta a quien se comporte de forma «violenta o amenazante» en un centro de acogida, o a quien fuera de él promueva o participe en altercados, tumultos o actos sancionables.

El cambio de procedimiento es igual de duro que el adjetivo. Las propuestas de resolución las elevaría la Dirección General de Protección Internacional sin el examen previo de la Comisión Interministerial de Asilo y Refugio, donde hasta ahora se sienta ACNUR junto a varios ministerios. La comisión solo sería informada a posteriori. Para quien llega tarde al reloj, hay otra puerta cerrada: se inadmitirían solicitudes presentadas pasados siete días hábiles desde la notificación de una devolución, denegación de entrada o expulsión. Y hay archivo por «desistimiento implícito» si alguien abandona el recurso de acogida sin avisar y sin dejar dirección localizable.

Las notificaciones también se aprietan. Si no hay domicilio concreto —y el texto dice que no vale usar como dirección los centros públicos sobreocupados o los dispositivos de emergencia—, la resolución puede publicarse en el BOE. Los recursos contencioso-administrativos ligados a la entrada masiva de julio tendrían carácter preferente; la Administración dispondría de cinco días para remitir el expediente. El decreto, sujeto a cambios, se aplicaría con carácter retroactivo a solicitudes formuladas en Ceuta desde el 30 de julio de 2026 que sigan sin resolver.

Mientras el papel se cocina en Madrid, en la playa de Benítez la Policía Nacional ha desalojado este martes a cientos de personas —crónicas hablan de más de 300— para filiarlas en el CATE del Tarajal. Fuentes policiales citan riesgo por el aliviadero de una presa y la temporada de lluvias; drones y cámaras térmicas habrían detectado gente viviendo en el conducto del agua. Una treintena burló el cordón y escapó hacia el centro. El ministro Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa del Consejo, dio por «éxito» el traslado a Loma de Colmenar, cifró 8.243 regresos desde el 10 de agosto y anunció a David de la Encina como nuevo delegado tras la dimisión de Pérez Triano.

Del otro lado del hilo, una docena de organizaciones —CEAR, SJM, Red Acoge, Oxfam Intermón, Irídia, APDHA y más— han pedido marcha atrás. Hablan de «régimen de excepción» por lugar y tiempo, de amenaza al principio de no devolución y de plazos de recurso de cinco días naturales inviables para designar letrado de oficio con intérprete. No hace falta inventar el choque: el mismo Ejecutivo que vende contención en la frontera está midiendo hasta dónde puede recortar el derecho de asilo sin que se le caiga el relato de derechos. El decreto aún no es BOE. Pero el mensaje ya está escrito: en Ceuta, la solicitud de asilo puede dejar de ser un escudo si alguien te pega la etiqueta de «amenazante».