El Gobierno de Aragón ha decidido pisar el freno. El 3 de julio de 2026 anunció que pide al Tribunal Supremo suspender de forma cautelar la tramitación administrativa de la regularización extraordinaria de inmigrantes hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) aclare si la medida encaja en el Derecho comunitario. Traducido: que nadie siga tramitando papeles mientras Europa no diga si el decreto es legal.
La jugada la firma la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, que presentó alegaciones ante el Supremo. El movimiento no sale de la nada. Llega después de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo dictara una providencia dando cinco días a las partes para pronunciarse sobre una posible contradicción con el Derecho de la Unión. El Supremo abría la puerta; Aragón ha entrado por ella.
Qué pide exactamente Aragón
El Ejecutivo aragonés se ratifica a favor de plantear una cuestión prejudicial ante el TJUE, el mecanismo por el que un tribunal nacional pregunta a Luxemburgo cómo interpretar la norma europea. Y sostiene que congelar la tramitación no haría daño a nadie: según su escrito, la suspensión sería reversible porque las solicitudes quedarían simplemente pendientes, a la espera. Nada se pierde, nada se rompe.
El argumento de fondo es de parte, conviene decirlo. Aragón defiende que seguir tramitando podría comprometer el interés público, tanto por las cargas administrativas y económicas que genera como por el conflicto jurídico abierto con la Unión Europea. Es su lectura, no una verdad sentenciada. Pero es la lectura que ahora tendrá que valorar el Supremo.
De dónde viene todo esto
El procedimiento no es nuevo. Arranca del recurso contencioso-administrativo que los servicios jurídicos de Aragón interpusieron contra el Real Decreto de regularización, una ofensiva que el Consejo de Gobierno autorizó el 22 de abril. Desde entonces, la comunidad ha mantenido el pulso por la vía judicial.
La cosa se movió hace días. El País informó el 30 de junio de que el Supremo estudia preguntar a la justicia europea si el decreto choca con la normativa comunitaria. El mismo diario recordaba un dato clave para entender el tablero: el 22 de mayo, el alto tribunal ya había descartado la suspensión cautelar que habían pedido Madrid y Vox en otros recursos. Es decir, el Supremo ya dijo que no una vez. Que ahora abra el melón europeo no significa que vaya a decir que sí.
Y ese es el quid. Una cuestión prejudicial no se resuelve en una tarde: cuando un tribunal nacional consulta a Luxemburgo, el reloj se ralentiza y la respuesta puede tardar meses. Si el Supremo pregunta, el decreto entra en un compás de espera que no controla el Gobierno.
Conviene ser precavidos. Ni el TJUE se ha pronunciado todavía, ni el Supremo ha suspendido la regularización por este recurso. Estamos en la fase de alegaciones, con las cartas aún sobre la mesa.
El Gobierno defiende su decreto
Enfrente, el Ejecutivo central no se mueve. Según recoge El País, fuentes del Ministerio de Inclusión sostienen que la norma se redactó velando estrictamente por su compatibilidad con el Derecho comunitario, y subrayan un matiz nada menor: el permiso sería válido exclusivamente en España. Nada de puertas abiertas al resto de la Unión, vienen a decir.
El choque, además, tiene banda sonora política. RTVE informó el 2 de julio de que Alberto Núñez Feijóo cargó contra la regularización y defendió un modelo de inmigración basado en la entrada con contrato de trabajo, el cumplimiento de las leyes y la expulsión de quien no las cumpla. El líder del PP también puso en cuestión la llamada Ley de nietos. Son declaraciones políticas, ruido de fondo del debate, no prueba jurídica: el Supremo no resuelve por titulares.
La lectura
Como lectura editorial, y no como hecho probado: la ofensiva aragonesa lleva la pelota al terreno que más incomoda al Gobierno, el de la seguridad jurídica. No discute si regularizar es bueno o malo; pregunta si se ha hecho respetando el Derecho europeo. Y esa pregunta, hoy, la tiene el Supremo encima de la mesa. Si decide elevar la cuestión al TJUE, el decreto quedará en el aire. Si no, el Gobierno respirará. Toca esperar.